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CIS
Boulevard Universitario #4
Colonia El Roble
San Salvador, El Salvador
Centroamérica

Tel/FAX: +503 226-2623

cis_elsalvador@yahoo.com

Consejero ecuatoriano del Sindicato de médicos y trabajadores del Seguro Social (SIMETRISSS), y residente de El Salvador, expulsado por supuesta participación en “política interna.”

Funcionarios de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos detenidos por entrar en aeropuerto para supervisar deportación.

4 de mayo del 2005

Durante la tarde del jueves 28 de abril, la División de Patrulla Fronteriza de la Policía Nacional Civil (PNC), conforme a órdenes del Presidente de la República, expulso de territorio salvadoreño al ciudadano ecuatoriano Pedro Enrique Banchón Rivera. Un consejero del sindicato de Trabajadores y Médicos del Instituto Salvadoreño del  Seguro Social (SIMETRISSS), el doctor Banchón posee la residencia permanente salvadoreña desde 1998 y está casado con un ciudadana salvadoreña.

El Gobierno salvadoreño acusa al doctor Banchón de participar en “la política interna” del pais.  El articulo  97 de la Constitución de la República de El Salvador declara que “Los extranjeros que directa o indirectamente participen en la política interna del país pierden el derecho a residir en él” La vaguedad de la lengua ha proporcionado una justificación demasiado amplia para deportar a cualquier extranjero que sea crítico de la política del gobierno salvadoreño. En el caso del doctor Banchón  los oficiales del  gobierno salvadoreño señalan  su participación en “las marchas blancas,”  organizadas como  parte del movimiento contra la privatización del Sistema de Salud. Dichas  marchas eran la respuesta de doctores, trabajadores del sistema de salud, y de la población al proceso de privatización ejecutado en el Seguro Social y el sistema de Salud Público.  Como tal, la expulsión del doctor Banchón basado en este razonamiento constituye una violación a su derecho de libre expresión, garantizada en el Artículo  19 No 2 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (acuerdo al cual El Salvador es una nación signataria).

Vale la pena notar que el acceso público al sistema de salud – en peligro por la privatización — es un derecho garantizado en el Artículo 1 de la Constitución de la República de El Salvador y Artículo 12 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Los colegas del doctor Banchón así como su abogado han denunciado su deportación como una violación de sus derechos, así como el fracaso del gobierno salvadoreño de no tomar en cuenta a su familia, también el  fracaso de no seguir el procedimiento apropiado para la deportación. En efecto, la Corte Suprema de El Salvador dictamino, el 18 de enero de 2005, que Banchón no había sido correctamente notificado de las medidas de deportación que habían sido tomadas en su contra. Además, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Constitución de la República define la familia como lo  fundamental en la sociedad, e insita al Estado a protegerla en consecuencia.

Más inquietante aun,  es el hecho que el doctor Banchón interpuso una demanda contra el Director de Comunicaciones del Seguro Social, Carlos Lopez Barrundia, por difamación. Una audiencia fue programada para el viernes 30 de abril (el día después de la deportación del doctor Banchón). Los abogados de Lopez Barrundia aprovecharon la ausencia del doctor Banchón para argumentar que el caso debería ser sobreseído. El juez que preside declaró que el doctor Banchón tiene que justificar su ausencia al tribunal antes de que alguna otra acción pueda ser tomada. Esta deportación podría ser por lo tanto considerada una obstrucción a la justicia, además de la violación de derechos humanos que esto representa.

Es también inquietante la detención de tres empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), quiénes fueron detenidos después de seguir al doctor Banchón  y la escolta policial hasta la pista de aterrizaje del Aeropuerto  Internacional de Comalapa. Los oficiales de la policía alegan que los tres empleados del PDDH no tenían la autorización de entrar en el área de la pista de  aterrizaje, y no respondieron cuando les pidieron que se detuvieran. La defensora de Derechos Humanos, doctora Beatrice de Carrillo, ha denunciado categóricamente la detención, notando que esto viola el derecho constitucional concedido a los funcionarios del PDDH de estar presentes en cualquier situación que ellos juzguen  necesario para asegurar respecto por las  normas de Derechos Humanos. Este amplio mandato era uno de los frutos de los acuerdos de paz de 1992. La Doctora de Carrillo ha caracterizado el incidente como una serie de esfuerzos de parte del Gobierno salvadoreño para impedir el trabajo del PDDH.

Vale la pena notar que estos acontecimientos han ocurrido dentro del contexto de la creciente represión  contra espacios democráticos y progresivos en un  El Salvador de posguerra. El despido del periodista Mauricio Funes, en febrero de este año, es solamente un ejemplo. Más recientemente, el Arzobispo de San Salvador, Fernando Sanz Lacalle, anunció que la Fundación Oscar Romero ya no tiene el permiso de celebrar “la misa popular” en la cripta de Monseñor Romero, en el sótano de la Catedral.

Estos incidentes no son aislados, lo cual hace que la acción se vuelva mas necesaria. Ello constituye una amenaza  al acompañamiento internacional de la Sociedad Civil salvadoreña, así como una amenaza para los logros  democráticos asegurados por los Acuerdos de Paz de 1992. Necesitamos que usted envíe cartas al Presidente, Elias Antonio Saca, y al Ministro de  Gobernación, Rene Figueroa, solicitándoles que vuelquen la decisión de expulsar al doctor Bachón. Aunque los tres representantes de la Procuraduría para la Defensa  Derechos Humanos fueron exonerados de todos los cargos el lunes 3 de mayo,  le pedimos que también denuncie su detención. El hecho de que unos diputados del partido oficial en la Asamblea Legislativa ya están haciendo una llamada para la destitución de la Dra. de Carrillo muestra claramente que el funcionamiento del PDDH todavía esta en peligro.

Si usted vive fuera de El Salvador, por favor también póngase en contacto con sus funcionarios locales , y solicite que ellos se pongan en contacto con el Gobierno salvadoreño con respecto  a sus preocupaciones. El Gobierno de los Estados Unidos en particular, junto con muchos Gobiernos europeos, financió la mayor parte del proceso de los Acuerdos de Paz. El fruto de aquellos Acuerdos se vuelven cada vez más vulnerables. Es importante que la comunidad internacional reaccione en consecuencia.

Por favor envíe copias de sus cartas al CIS (cis_elsalvador@yahoo.com) de modo que podamos compartirlos con el PDDH y SIMETRISSS.
 

Ver la información de contacto debajo:

Presidente de la República de El Salvador, Elías Antonio Saca González
Visita <http: // www.casapres.gob.sv/prescartas.htm> y envíe su carta en  formato electronico.

Ministro de Gobernación, René Figueroa
DT@gobernacion.gob.sv
 

Ejemplos de Cartas:

Señor Elías Antonio Saca González
Presidente de la República de El Salvador
Presente.

Excelentísimo Presidente Saca:

Le escribo con referencia a la reciente deportación del medico ecuatoriano Pedro Enrique Banchón, y también el arresto de 3 empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

En el caso del Dr. Banchón, parece que no se tomó en cuenta que Dr. Bachón está casada con una salvadoreña, con quien tiene hijos. La Declaración Universal de Derechos Humanos dice en el Articulo 16, No. 3 declara que «La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.» De forma similar, Articulo 32 de la Constitución de la República de El Salvador declara que «La familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico.»

Quisiera recordarle también que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador falló el 18 de enero, 2005 que Dr. Banchón no había recibido aviso con suficiente anticipación que había un proceso administrativo en su contra. Esto consiste una violación de su derecho de petición y por lo tanto, pone en duda la legalidad de su expulsión del país. También se podría considerar su deportación un obstrucción de justicia, dado que fue expulsado del país un día antes de que se iba a realizar un audiencia como parte de un juicio por difamación que el Dr. Banchón había iniciado en contra del Director de Comunicaciones del Instituto Salvadoreño de Seguro Social, Carlos López Barrundia. 

Además, el derecho a la libre expresión está garantizada en Articulo 19, No. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, que declara que «Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.» El Salvador ha firmado dicho Pacto.  

Igual de preocupante es el hecho de que agentes de la Policía Nacional Civil arrestaron a 3 funcionarios del la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por haber entrado a la pista del Aeropuerto Internacional de Comalapa. Agentes policiales dicen que dichos funcionarios tenían que haber solicitado permiso, a pesar de que es un derecho constitucional de la Procuraduría de estar presente en cualquier situación que les parezca necesario para mantener respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, esta actuación por parte de la PNC pone en riesgo los Acuerdos de Paz, dado que la PDDH es fruto de dichos Acuerdos.

Por las razones mencionados, le pido que revise la decisión de expulsar Dr. Banchón. Le pido también que usted haga todo lo posible para asegurar que ningún funcionario publico impida el trabajo de los funcionarios y las funcionarias del PDDH.

Atentamente,

Su nombre, titulo y país

 

Lic. René Figueroa
Ministro de Gobernación
Presente.

Estimado Ministro Figueroa:

Le escribo con referencia a la reciente deportación del medico ecuatoriano Pedro Enrique Banchón, y también el arresto de 3 empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

En el caso del Dr. Banchón, parece que no se tomó en cuenta que Dr. Bachón está casada con una salvadoreña, con quien tiene hijos. La Declaración Universal de Derechos Humanos dice en el Articulo 16, No. 3 declara que «La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.» De forma similar, Articulo 32 de la Constitución de la República de El Salvador declara que «La familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico.»

Quisiera recordarle también que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador falló el 18 de enero, 2005 que Dr. Banchón no había recibido aviso con suficiente anticipación que había un proceso administrativo en su contra. Esto consiste una violación de su derecho de petición y por lo tanto, pone en duda la legalidad de su expulsión del país. También se podría considerar su deportación un obstrucción de justicia, dado que fue expulsado del país un día antes de que se iba a realizar un audiencia como parte de un juicio por difamación que el Dr. Banchón había iniciado en contra del Director de Comunicaciones del Instituto Salvadoreño de Seguro Social, Carlos López Barrundia. 

Además, el derecho a la libre expresión está garantizada en Articulo 19, No. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, que declara que «Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.» El Salvador ha firmado dicho Pacto.

Igual de preocupante es el hecho de que agentes de la Policía Nacional Civil arrestaron a 3 funcionarios del la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por haber entrado a la pista del Aeropuerto Internacional de Comalapa. Agentes policiales dicen que dichos funcionarios tenían que haber solicitado permiso, a pesar de que es un derecho constitucional de la Procuraduría de estar presente en cualquier situación que les parezca necesario para mantener respeto a los derechos humanos. Por lo tanto, esta actuación por parte de la PNC pone en riesgo los Acuerdos de Paz, dado que la PDDH es fruto de dichos Acuerdos.

Por las razones mencionados, le pido que revise la decisión de expulsar Dr. Banchón. Le pido también que usted haga todo lo posible para asegurar que ningún funcionario publico impida el trabajo de los funcionarios y las funcionarias del PDDH.

Atentamente,

Su nombre, titulo y país
 

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