La construcción de una democracia real implica luchar contra la exclusión económica, cultural y política; y para mantener esta lucha, las comunidades necesitan estar organizadas. Las pequeñas comunidades rurales en El Salvador están entre los grupos más excluidos y marginados del país. Sus habitantes viven de pequeños ingresos, o ninguno aparte de las remesas familiares. Para organizarse y luchar contra esta marginación, ellos necesitan medios efectivos para comunicarse entre sí y con la sociedad en general. Esto significa tener espacios para crear y practicar su cultura e identidad, así como reflexionar sobre su realidad y analizarla públicamente. Contra viento y marea, las radios comunitarias en todo el país están abriendo estos espacios y creando posibilidades para el cambio social en El Salvador. 

Uno de los retos más grandes que han enfrentado estas radios y las comunidades a quienes están sirviendo, es el predominio de los medios corporativos. La concentración de la propiedad de los medios por parte de este bloque se caracteriza por su preferencia por las ganancias en vez de la integridad periodística, por el predominio de una programación foránea enlatada en vez de materiales producidos localmente, por una inclinación claramente derechista, y una ausencia total de participación democrática. La corporación TCS, propiedad de Boris Esersky, posee los tres mayores canales de televisión en señal abierta (no cable) en El Salvador, y alcanza un 90% de la tele-audiencia. Los investigadores Rockwell y Janus observan que: “Esersky es un caudillo de los medios, cuyas conexiones con el gobierno han dado forma al actual espectro televisivo salvadoreño y han evitado que las fuerzas que no son leales al gobierno compren espacios publicitarios con la mayoría de radio emisoras o televisoras salvadoreñas.”

Los televidentes que tienen acceso a cable tienen opción a otras estaciones. Una gran mayoría de éstas son propiedad del grupo MegaVisiòn y muestran una clara preferencia por la programación producida por gigantes transnacionales, como MTV, Nickelodeon, y TV Chile. Esta preferencia quedó dramáticamente demostrada por la suspensión del espacio “Sin Censura”, que trataba temas políticos de interés popular.  A partir de 2002, un estimado del 81.9% de toda la programación que se presentó en la televisión salvadoreña era producida en el extranjero.  

En los medios impresos el panorama es igualmente desolador. Hay dos periódicos matutinos principales que siempre están en una feroz competencia: La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, y ambos publican periódicos más pequeños con menor tiraje. Sin embargo, la competencia no pasa de una mera rivalidad comercial; pero virtualmente son gemelos ideológicos que se caracterizan por el sensacionalismo y por una clara tendencia derechista. Hay una excepción digna de mencionar entre los medios impresos: el CoLatino, un periódico de propiedad cooperativa que apoya a las organizaciones sociales en El Salvador y que es crítico del gobierno derechista de ARENA. Sin embargo, el número de lectores de CoLatino es muy limitado en comparación con sus rivales más grandes; pero dicho periódico se las ha arreglado para sobrevivir a través de los años, a pesar de su perpetua limitación de recursos y de la represión que ha sufrido (como una muestra, su oficina fue quemada dos veces durante la guerra civil).

En este contexto, la radio se convierte en una respuesta poderosa y efectiva al bloque formado por los medios corporativos. Actualmente hay más de 17 radios comunitarias en todo El Salvador, las cuales se han asociado bajo la bandera de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (ARPAS). Cada radio miembro es única en su carácter y en la relación que mantiene con su respectiva comunidad, aunque se han unificado en una federación modelo y comparten la visión común de “ser una red de radios  comunitarias y centros de comunicación radial que promueven la democratización a través de la comunicación participativa, en conjunto con organizaciones y redes que luchan por el desarrollo humano integral.” 

Otro de sus objetivos es “influir en las políticas públicas y en la conciencia crítica de la gente.”

Además de actuar como representante legal de las estaciones miembros, ARPAS tiene un estudio de producción en la capital y transmite vía satélite un programa de noticias nacionales e internacionales, producido colectivamente por las estaciones miembros.

A pesar de que el Artículo 6 de la Constitución Política salvadoreña garantiza el derecho a la libertad de expresión y de comunicación, estas radios han tenido una larga lucha para operar legalmente. La hoy privatizada Administración Nacional de Telecomunicaciones de El Salvador (ANTEL) insistía en clasificar a las radios comunitarias como clandestinas, piratas, y una amenaza a la estabilidad pública. Como resultado, siempre les negaron la autorización para operar. Sin embargo, a través de  la presión pública —que incluyó campañas a nivel nacional, presión a la Asamblea Legislativa, y movilizaciones de la ciudadanía en todo el país— ANTEL fue obligada a dar las autorizaciones a las radios de ARPAS.

La mayoría de las radios alternativas actuales en El Salvador tienen raíces en la guerra civil de 12 años  (1980-1992). En un clima político en el que hubo periodistas asesinados, oficinas de periódicos bombardeadas, y una cultura general de silencio impuesto por escuadrones de la muerte apoyados por el gobierno, surgieron dos estaciones de radio clandestinas entre las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Radio Venceremos estaba afiliada al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), una de las ramas del FMLN, mientras la Radio Farabundo Martí era un proyecto de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL). Ambas operaban bajo las narices del ejército salvadoreño, fuertemente armado y apoyado por los Estados Unidos. Transmitiendo desde campamentos rebeldes subterráneos en las montañas, estas estaciones desempeñaron un rol estratégico durante la guerra.

Tal vez lo más importante sea que la presencia de una voz alternativa ayudó a romper la cultura de silencio y de desinformación. Las estaciones se convirtieron en una importante fuente de información para la prensa internacional. También sirvieron para denunciar graves violaciones de los derechos humanos, para acabar con la desmoralización y el aislamiento, construyendo solidaridad tanto a nivel nacional como internacional, y para construir conciencia crítica entre la población salvadoreña.

El legado dejado por Radio Venceremos y Radio Farabundo Martí está siendo recuperado y consolidado por la red de radios comunitarias en El Salvador. Uno de los fundadores y miembro principal del personal de Radio Venceremos, Carlos Enrique Consalvi, mejor conocido por su pseudónimo de Santiago, declaró: “Yo creo que las radios comunitarias son las que mejor han entendido y ordenado lo que fue y lo que es Radio Venceremos …en cada una de sus comunidades son el medio más cercano a la población; conocen las necesidades de la gente y la movilizan para los eventos de la memoria histórica … ellas desempeñan un rol que obviamente nunca van a poder jugar las radios comerciales porque su objetivo es puramente económico y totalmente separado de las necesidades de las comunidades más pobres y más excluidas del país.”

Al inicio de la reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) del pasado 5 de junio, Condoleezza Rice (Secretaria de Estado de EE.UU.) anunció los planes estadounidenses para crear en El Salvador una Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley (ILEA). Si los planes se llevan a cabo, ésta sería la quinta ILEA coordinada por Estados Unidos, junto a otras ya establecidas en Nuevo México, Tailandia, Hungría y Botswana. El propósito aparente de la academia es entrenar a varias fuerzas policiales del hemisferio, a fin de coordinar esfuerzos por la seguridad en las áreas de anti-terrorismo, tráfico de drogas y actividad de las pandillas juveniles. Pero la falta de transparencia pública sobre su funcionamiento hace casi imposible evaluar las actividades de estas academias.

La Procuradora de los Derechos Humanos en El Salvador, Dra. Beatrice de Carrillo, dijo que  “la construcción de la Academia significaría la falta total de soberanía de nuestro país.” Junto a la base militar estadounidense en el Aeropuerto Internacional de Comalapa, la presencia de tropas salvadoreñas en Irak, y la aprobación del CAFTA, la construcción de una academia policial operada por Estados Unidos en El Salvador deja muy clara la disposición del gobierno salvadoreño a sacrificar la soberanía del país para responder a los intereses de EE.UU.

El Presidente Antonio Saca dijo que “Todos los salvadoreños deberíamos sentirnos orgullosos de que Estados Unidos nos haya escogido.” Muy a su conveniencia, omitió referirse al hecho de que El Salvador no fue el primer país seleccionado para el establecimiento de la ILEA. La academia iba a ser construida originalmente en Costa Rica, pero la masiva oposición popular la detuvo.  Uno de los factores decisivos para desarticular el acuerdo EE.UU.— Costa Rica fue el rechazo de EE.UU. para excluir a militares y ex-militares como potenciales miembros del personal de instrucción.

La historia demuestra que el involucramiento de Estados Unidos en la seguridad de América Latina se da a expensas de los derechos humanos. Sólo en Centroamérica, las fuerzas de seguridad entrenadas por EE.UU. han dejado una larga huella de graves abusos a los derechos humanos. Algunos ejemplos incluyen: la CIA orquestó el derrocamiento de Arbenz en Guatemala en 1954, la Contra en Nicaragua durante los 80’s, y los escuadrones de la muerte y el infame batallón Atlacatl aquí en El Salvador durante la guerra civil. 

Aunque Rice anunció la institución como si ya estuviera construida —y hay rumores de que ya comenzaron a entrenar policías de El Salvador, México y Colombia— el convenio todavía no ha sido ratificado por el congreso salvadoreño y puede ser detenido. El gobierno todavía tiene que presentar el proyecto de ley a los legisladores, en un intento de aprobarlo a último minuto sin que pueda generarse un debate público sobre el mismo.

La insistencia estadounidense por tener entrenadores militares en la academia es un fuerte indicio de que está haciendo esfuerzos por re-militarizar las fuerzas policiales de la región. Y como durante la década pasada creció mucho la presión para cerrar la infame Escuela de las Américas, hoy parece que Washington está buscando otras tácticas para proteger sus intereses en América Latina. En El Salvador, esto constituye una amenaza a la frágil paz ganada en los Acuerdos de Paz de 1992, uno de cuyos puntos centrales fue la desmilitarización de las fuerzas de seguridad del país. 

En un histórico viraje de los acontecimientos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenando al Estado salvadoreño por haber violado los derechos humanos en el caso de las Hermanas Serrano Cruz. La Corte, fundada en 1979 como un organismo judicial para hacer respetar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tiene jurisdicción sobre los 25 Estados miembros que han ratificado su Carta (es notoria la ausencia de EE.UU. entre ellos).

Ernestina y Erlinda Serrano Cruz permanecen desaparecidas, 23 años después de haber sido separadas violentamente de su familia mientras huían de la “Operación Limpieza”. En junio de 1982, la Operación Limpieza llevó unos 14,000 soldados a la zona rural del nor-poniente del departamento de Chalatenango, en la ejecución de una política de tierra arrasada, diseñada para destruir el apoyo de la guerrilla entre la población civil. La mayoría de las familias en la zona tuvo que salir huyendo. Las hermanas fueron supuestamente encontradas por oficiales del ejército y fueron llevadas a la cabecera departamental, Chalatenango. Varios testigos han dicho que vieron cuando oficiales del ejército entregaron las niñas a funcionarios de la Cruz Roja en Chalatenango. Esta es la última información conocida sobre su paradero. Hay otros 46 casos documentados de niños que compartieron el mismo destino durante la Operación Limpieza, pero hay muchos más que permanecen sin documentar.

La sentencia en el caso de las Hermanas Serrano es la culminación de una larga lucha por la justicia que ha sostenido la familia. Después de que fueron firmados los acuerdos de Paz en 1992, un grupo de madres de niñas y niños desaparecidos presentó su caso a la Comisión de la Verdad. Sin embargo, el reporte final de la Comisión no contenía ninguna información sobre los niños desaparecidos. En 1993, Victoria Cruz Franco, madre de las desaparecidas Hermanas Serrano, denunció el secuestro de sus hijas ante dos instituciones judiciales del municipio, sólo para que las dos le rechazaran el caso. En 1999, con ayuda de la Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) Victoria presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington D.C. La Comisión emitió un fallo condenatorio en marzo de 2003, pero como no ejerce jurisdicción y sus decisiones no son vinculantes, el fallo logró muy poco.

Sin embargo, la Comisión presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 14 de junio de 2003. El juicio tuvo lugar el 7 y 8 de septiembre de 2004. La Corte presentó dos decisiones separadas. La primera fue publicada el 23 de noviembre de 2004, y declaraba que la Corte no podía emitir juicio sobre actos cometidos por el Estado salvadoreño en fecha anterior al 6 de junio de 1995, fecha en que El Salvador aceptó la jurisdicción de la Corte. La segunda decisión, sin embargo, decía que el Estado salvadoreño había violado el derecho de la familia Serrano Cruz a recibir garantías judiciales, a la protección judicial, y a la integridad personal (artículos 8.1, 25, y 5, respectivamente de la Convención Interamericana de Derechos Humanos). Este fallo fue posible a pesar de la resolución inicial de noviembre de 2004 porque la Corte resolvió que tenía jurisdicción sobre el caso ya que las hermanas nunca habían sido encontradas (por tanto, el caso no estaba cerrado).

La decisión de la Corte dictamina 9 pasos que el gobierno salvadoreño está obligado a seguir para compensar el daño causado a la familia Serrano Cruz y para avanzar hacia soluciones más permanentes para aquellas familias que fueron separadas durante la guerra. Esto incluye la formación de una comisión nacional de búsqueda de las niñas y niños que desaparecieron durante la guerra. La comisión debe incluir a la sociedad civil y debe crear un sitio web y una base de datos de ADN para ayudar a facilitar el proceso de búsqueda. Además, el Estado debe reconocer públicamente su responsabilidad en el caso y crear un día nacional para conmemorar a las niñas y niños desparecidos.

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