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Los sindicalistas fueron capturados el 4 de septiembre a las 2 de la madrugada, algunos en sus casas, y otros en sus lugares de trabajo por haber participado en una protesta que se había desarrollado a principios de julio. Cinco de los sindicalistas son de Chalchuapa, el el departamento de Santa Ana; los otros tres son de Ahuachapán. Los cargos que se les imputaron son daños agravados y desórdenes públicos, en el contexto de un paro de labores administrativo y una protesta contra la privatización de la salud, para denunciar actos de corrupción en algunos hospitales públicos, y por la falta de medicina en los hospitales públicos del país. Las acusaciones de daños se deben a las pintas con “spray” hechas durante una marcha que se desarrolló el 6 de julio, aunque los sindicalistas, como parte de las negociaciones con la Regional de Salud de Occidente el 10 y 11 de julio, se comprometieron a despintar los “slogans”, lo cual hicieron en la semana del 16 de julio, mucho antes de las capturas del 4 de septiembre. La Regional de Salud de Occidente convino en investigar las acusaciones de corrupción, proteger el derecho de los trabajadores a organizarse, y a no tomar represalias contra los participantes en las protestas. Por otra parte, los dirigentes sindicales enfrentan los cargos de desórdenes públicos por el supuesto bloqueo del tráfico durante la protesta del 6 de julio. El juez ha desestimado la acusación de daños agravados. En julio pasado, el gobierno salvadoreño capturó a 14 miembros de CRIPDES y otras organizaciones sociales mientras se manifestaban defendiendo el derecho al agua potable, en una protesta que se desarrolló en Suchitoto. Estas personas han sido acusadas de actos de terrorismo, bajo la Ley Anti Terrorista (aprobada en Septiembre de 2006). Hubo una enorme reacción contra el gobierno salvadoreño por acusar de terroristas a las personas que lo critican; entre otros, se manifestaron Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el congresista estadounidense Jim McGovern, Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, el Alcalde y el Concejo Municipal de Madison, Wisconsin, así como muchas personas y ONG`s internacionales y de El Salvador. Como resultado, en agosto pasado, la Asamblea Legislativa modificó el artículo 348 del Código Penal para elevar a la categoría de delito los desórdenes públicos, con hasta 8 años de prisión, en vez de considerarlos como una simple falta. Las personas que protestan por las políticas sociales del gobierno ahora ya no son acusadas de terrorismo, pero pueden recibir las mismas penas que se aplican al terrorismo. La Ley Anti – terrorista, junto con las reformas al artículo 348 del Código Penal son instrumentos que están siendo usados contra el movimiento social. Esto es una amenaza contra el derecho a la libertad de expresión, de reunión, de organización, y otras que son garantizadas por la Constitución Política de El Salvador (Art. 6, Art. 5) y por muchos Tratados Internacionales de los cuales El Salvador es signatario (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Arts.19, 12), la Convención Americana sobre Derechos Humanos/Pacto de San José, Costa Rica (Arts. 13, 22), Además, el 7 de septiembre de 2007 entraron en vigor en El Salvador los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales protegen el derecho a la organización de los trabajadores y a la contratación colectiva. Estas acciones represivas son muy peligrosas, especialmente cuando vemos que las raíces de la guerra civil y de todo el conflicto que vivió El Salvador desde 1979, incluían leyes represivas muy similares que cerraron todos los espacios democráticos para el cambio anhelado por el pueblo. Pero aunque los 8 miembros de SIGEESAL han sido liberados temporalmente, bajo libertad condicional – (así como las y los 14 activistas de CRIPDES y otros que estaban involucrados en la defensa del derecho al agua potable), no han sido absueltos de cargos todavía. Esto está generando temor y terror en la población, lo cual hace que la gente tenga temor de hablar y de denunciar las injusticias. Por eso es importante que ustedes continúen escribiendo a sus congresistas haciéndole saber estas violaciones. Específicamente, demandar que el gobierno: - Retire los cargos de desórdenes públicos contra 8 miembros de SIGEESAL.
- Reconozca que la protesta pacífica es un derecho de la ciudadanía, y no un acto de terrorismo ni de desórdenes públicos.
- Elimine las reformas al Art. 348 del Código Penal salvadoreño, por criminalizar las protestas y atentar contra varias libertades consagradas por nuestras leyes, la Constitución y Tratados Internacionales.
- Respete los Convenios de la OIT sobre el derecho a la organización y a la contratación colectiva.
- Respete el derecho a la salud pública.
CONTINUE Contactando a sus Congresistas y otras autoridades: Presidente Elías Antonio Saca Tel. (++011-503)2248-9000 FAX: (++011-503)2243-7857; 2243-9930 Charles L. Glazer, U.S. Embajador de EE. UU. en El Salvador Tel. (011-503)2501-2999 Fax: 2501-2154 Oscar Humberto Luna, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador Tel. ++ 503-2222-0011 Fax: ++503 - 2222-0655 Lic. Felix Garrid Safie, Fiscal General de la República de El Salvador Tel: ++503-2231-8300 Fax: 503-2243-9930; 2243-7857 Favor enviarnos copias de toda su correspondencia al CIS: Fax: ++011-503-2235-1330 o
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SIGEESAL necesita de nuestro apoyo financiero para organizar a la gente a fin de que defienda su derecho constitucional a recibir los servicios de salud pública, así como para los costos de la defensa legal de los sindicalistas. Le solicitamos una contribución de $200, $100, $50, o cualquier otra cantidad que esté dentro de sus posibilidades: El Fondo para Derechos Humanos del CIS será designado para apoyar el trabajo de SIGEESAL. Las donaciones pueden hacerse a: Los Olivos CIS PO BOX 76 Westmont, IL 60559-0076 *Escriba una nota diciendo que es para el Fondo de derechos humanos de SIGESAL
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