III. Observaciones Pre-Electorales
A. Instituciones sin Independencia
Un análisis del sistema electoral salvadoreño no estaría completo si no se hace referencia a las numerosas instituciones estatales que juegan un papel en el proceso. Desde la firma de los Acuerdos de Paz, no ha habido creación de instituciones independientes para la transición a un Estado democrático. Aunque en teoría, la Constitución Política salvadoreña y las distintas leyes que rigen a las instituciones del Estado nos hacen percibir un sistema político democrático, la realidad permanece muy lejos de esta imagen ideal.
Una de las principales instituciones creadas por los Acuerdos de Paz es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), pero no todos los entes acatan las resoluciones y recomendaciones que de ella emanan. Y el actual gobierno, en vez de fortalecer esta institución, asignándole los recursos necesarios para su funcionamiento, le ha disminuido su presupuesto.
La falta de independencia entre los órganos del Estado no permite que la Fiscalía General de la República (FGR) tenga una actuación más eficiente en este campo, lo cual también puede ser consecuencia de la falta de confianza en el sistema. Muchas personas, al ser víctimas de algún delito, no presentan ninguna denuncia oficial porque no creen en el sistema de justicia. Esto se extiende a la Corte Suprema de Justicia, que todavía está luchando por superar la falta de profesionalismo y la ausencia de una conducta ética entre sus Magistrados.
Según lo que reportan diferentes medios de comunicación, todavía existe un alto nivel de corrupción en todos los niveles de la jerarquía judicial. El país sufre un promedio de 12 asesinatos diarios[6]. La impunidad ha sido institucionalizada ya que la Fiscalía General, la Policía y los Jueces, cuya responsabilidad es la de investigar los crímenes, arrestar y encarcelar a los culpables, no son efectivos ni eficientes. El aparato judicial salvadoreño es incapaz de detener la violencia y el crimen, y uno de sus principales problemas sigue siendo la falta de coordinación y profesionalismo de los Jueces, con la Policía y la Fiscalía. Hay un anhelo generalizado por alcanzar un sistema judicial que incluya políticas de prevención del delito y de mantener un estado de derecho.
La Asamblea Legislativa continúa polarizada y las negociaciones internas no son transparentes. Las propuestas de ley enviadas por el Órgano Ejecutivo generalmente son aprobadas por negociaciones entre los partidos con afinidad ideológica, mientras enfrentan oposición de los otros partidos. De igual forma, las propuestas del FMLN raramente son aprobadas si no existe una negociación previa. Aunque el FMLN y los otros partidos tienen representación en todas las Comisiones en la Asamblea Legislativa, su voz raramente es escuchada; y aún si son aprobadas algunas de sus propuestas, el presidente de la República —de ARENA— ha vetado cada proyecto de ley que no es apoyado por su propio partido, debilitando así el proceso democrático.
Otra institución del Estado que tiene mucha presencia en el proceso electoral es el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN). El manejo de esta institución supuestamente independiente está a cargo de una Presidenta, la Lic. Miriam Mixco, quien es también una dirigente del partido ARENA. Esto ha originado quejas del FMLN y otros partidos sobre la falta de información proporcionada a ellos por el RNPN, siendo lo más importante la falta de acceso al registro electoral. Muchos se quejan de que el RNPN es administrado en un intencional estado de ‘caos organizado’, para justificar su falta de comunicación con el TSE, con la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) y para mantener desinformados a los partidos.
El Rol del TSE
El Tribunal Supremo Electoral, TSE, como máxima autoridad en materia electoral no ha cumplido a cabalidad sus funciones, ya que faltó a su responsabilidad de garantizar justicia electoral al no ejercer su autoridad y al permitir que se irrespetara la Constitución de la República y el Código Electoral. Muchas personas en realidad creen que el TSE ha retrocedido en vez de avanzar en su funcionamiento democrático.
La partidización en el TSE no garantiza transparencia en su funcionamiento. Por el contrario, genera muchas dudas sobre su independencia al evaluar casos y al garantizar una eficiente toma de decisiones, como en casos de violencia u otras violaciones al Código Electoral. Se esperaba que la conducta de los dos Magistrados nombrados por la Corte Suprema de Justicia sirviera como contrapeso a las posiciones partidistas del resto de Magistrados del TSE. En la práctica, sin embargo, sus decisiones no han servido para facilitar este proceso. Más bien han servido para entramparlo, ya que sistemáticamente han demostrado posiciones partidistas.
Según información de denuncias hechas al TSE, fueron presentadas alrededor de 30 denuncias, nueve por parte de ARENA, ocho por parte del FMLN, cuatro del PDC, cuatro por parte de periodistas, tres del PCN, una de la coalición FMLN/PDC, y una del CD. Algunos de estos casos están en investigación por el TSE; sin embargo, en la mayoría de casos el Órgano Colegiado no ha dado resolución a estos casos.
Además, el TSE ha mostrado su debilidad y falta de autoridad al permitir que sus facultades fueran usurpadas por el Presidente de la República, Elías Antonio Saca, cuando él, de manera impropia, declaró como supuesto ganador de la Alcaldía de San Salvador al candidato de ARENA, Rodrigo Samayoa, la misma noche de las elecciones. La candidata a Alcaldesa por el FMLN y el candidato de ARENA también se declararon ganadores en San Salvador sin que el TSE hubiera anunciado los resultados preliminares.
B. Reformas Electorales
Después de las elecciones Legislativas y Municipales de 2003 fue aprobada una serie de reformas al Código Electoral, la mayoría de ellas en octubre de 2005. Algunas de estas reformas son necesarias para la viabilidad del proceso electoral, pero otras carecen de sentido democrático, y fueron aprobadas sin haber obtenido el consenso de todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa.
Primero, la reforma electoral más importante que fue implementada en estas elecciones es la implementación de un Proyecto Piloto para establecer el Voto Residencial[7] con cobertura para 7 municipios del país. Este proyecto piloto es un primer paso hacia la futura implementación del voto residencial en todo el país. Según nuestras observaciones, consideramos que para poder implementarse este proyecto a nivel nacional en las elecciones de 2009, el voto residencial necesita ser mejorado en todos sus aspectos. En el Apartado J incluimos nuestras observaciones sobre el voto residencial.
Segundo, otra reforma electoral positiva es la eliminación de diputados a la 'plancha nacional', aprobada por la Corte Suprema de Justicia. Ahora los 84 diputados de la Asamblea Legislativa tienen una representación más igualitaria y proporcional en los 14 departamentos de El Salvador, según el número de habitantes por departamento.
Por otra parte, calificamos como retroceso para la democracia el cambio del mecanismo de toma de decisiones en el TSE, de mayoría calificada (4 de 5) a mayoría simple (3 de 5), propuesto por ARENA y apoyado por los Diputados del PCN y del PDC, que juntos alcanzaron un acuerdo en la Asamblea Legislativa. Dicha reforma cambia drásticamente la dinámica interna en la toma de decisiones del TSE, que ni siquiera fue consultado como organismo colegiado sobre dicho cambio.[8]
Las implicaciones de esta reforma han sido criticadas por eliminar la transparencia y por romper el balance en los procesos que conoce el TSE, ya que permitirá que tres de sus Magistrados tengan hegemonía en el proceso de nombramiento, organización y supervisión de los organismos electorales transitorios, controlando así los cargos de presidencias y secretarías de las JRVs. Esta reforma no permite garantizar el derecho de igualdad de todos los partidos en contienda.
Otra reforma electoral aprobada el 13 de octubre, a los artículos 109, 113 y 117 del Código Electoral, redujo el número de miembros de los órganos electorales temporales de 6 a 5 miembros. El Art. 117 establece que “El Tribunal deberá distribuir equitativamente entre las propuestas, los cargos de presidente, secretario, primer vocal, segundo vocal y tercer vocal, con una asignación porcentual equivalente al veinte por ciento de cada cargo para cada instancia proponente.”[9] Esta reforma fue criticada por CD, que fue muy afectado por la misma, y se opuso al decreto por discriminación contra los partidos políticos más pequeños. Un vocero de CD comentó:
“Los miembros de los órganos electorales se reducen a 5 lo cual, sin ninguna razón, afecta la participación justa de los partidos políticos más pequeños en el sistema electoral”.
Transmisión de Resultados
El 28 de febrero de 2006, el Tribunal Supremo Electoral abandonó el plan original para el conteo electrónico de los votos. El jefe de la Delegación de Observadores de la Organización de Estados Americanos, OEA, Moisés Benamor, no pudo comprometerse a dar su apoyo a este plan original debido a muchas irregularidades, discrepancias y problemas técnicos. Después de varios ensayos y simulacros, la OEA llegó a la conclusión de que no podía certificar el procedimiento, ya que la infraestructura tecnológica no podía garantizar un sistema preliminar de conteo automático.[10]
Según el Señor Benamor, el Tribunal Supremo Electoral no se aseguró de que estuviera listo el sistema de transmisión de resultados, debido al “problema partidario del Tribunal, y éste no se da sólo en Magistraturas, sino que a escala operativa y técnica hay posiciones partidarias que no permiten la fluidez de la información y que se obtenga toda la información necesaria. Esta debe ser una lección aprendida, deben privilegiar aspectos técnicos y el calendario operativo antes de lealtades partidistas de los funcionarios que están en dirección”.[11]
C. La Inscripción de Partidos Políticos
La arbitrariedad en la inscripción de los partidos políticos ha puesto en riesgo el proceso democrático en El Salvador. En las elecciones de 2006, dicha inscripción se salió del marco legal por primera vez desde la firma de los Acuerdos de Paz. Fue muy evidente que los intereses políticos se pusieron por encima del Código Electoral. Hubo diferentes criterios para determinar quiénes podían o no podían participar en los comicios de 2006, violando principios de ley y la voluntad del electorado del país. Para garantizar un proceso electoral transparente se necesitan reglas claras y que las mismas sean respetadas por todos.
En las elecciones de 2004, sólo los partidos ARENA y FMLN superaron el 3% del voto para mantener su estatus legal como partidos políticos. (Art. 182 Código Electoral)[12]
Según el Art. 159 del Código Electoral, “Los Partidos Políticos para inscribirse deben contar con un número de afiliados equivalentes al tres por ciento del total de votos emitidos de la última elección Presidencial; la adhesión al Partido formulado por el ciudadano apto para ejercer el sufragio, se hará en el Libro de Afiliación respectivo.” Según los resultados de los comicios de 2004, se requerían 42,000 firmas, las cuales representaban el 3% del voto.
Para ilustrar el caso, adjuntamos los requisitos para los siguientes partidos:
 | El Partido de Conciliación Nacional (PCN) pudo participar en las elecciones de 2006 por decreto legislativo #627 que aprobó la “Ley Especial Transitoria para Legalizar Nuevos Partidos Políticos” el tres de marzo de 2005. |
| El Partido Demócrata Cristiano (PDC) pudo participar en las elecciones de 2006 por decreto legislativo que aprobó la “Ley Especial Transitoria para Legalizar Nuevos Partidos Políticos” el tres de marzo de 2005. |
| La Fraternidad Patriota Salvadoreña (FPS) fue rechazada, reconociéndole solamente 31,000 firmas válidas. (DDH 12 Nov 2005). |
| El Frente Democrático Revolucionario (FDR) presentó 45,000 firmas, pero el TSE estimó que 5,999 firmas no eran válidas. Aunque presentó 39,001 firmas válidas, no se le permitió participar en las elecciones de 2006. |
| El Partido Popular Social Cristiano (PPSC) también recibió rechazo a su petición para participar en las elecciones de 2006. |
| Sin embargo, el Partido Cambio Democrático (CD) sí pudo participar en las elecciones presentando 3,000 firmas y por el Decreto Legislativo Especial #586 aprobado el diecinueve de enero de dos mil cinco. |
Podemos concluir que además de una violación de las leyes, existen intereses partidarios o arbitrariedad de parte del Tribunal Supremo Electoral y la Asamblea Legislativa en relación a la participación de los partidos políticos.
Es preocupante que en la séptima elección después de los Acuerdos de Paz, las reglas del proceso electoral se han vuelto menos claras y obedecen más a intereses partidarios que a la voluntad de la ciudadanía para poder determinar cuáles partidos deben o no deben participar en las elecciones, como lo establecen las leyes de la República.
D. Propaganda Política Partidista
El sistema de votación y la naturaleza de la cultura política en El Salvador permiten que, como en otros países, el uso de propaganda durante una campaña electoral tenga la capacidad de influir fuertemente en los resultados de las elecciones. Entre otros factores, el bajo nivel educativo de muchos de los votantes y los casos de extrema pobreza muy probablemente significan que la propaganda partidista tiene poder para influir en el voto de la ciudadanía salvadoreña. Es necesario entender el trasfondo político y el contexto en El Salvador para comprender lo que puede influir en el resultado de las elecciones. No es del todo claro hasta qué punto la propaganda en sí tuvo una influencia directa en los resultados de las elecciones de 2006; sin embargo hay que tomar en cuenta varios factores.
Primero, la Constitución de la República, en su Artículo 81 dice que la propaganda electoral es permitida 4 meses antes de las elecciones presidenciales, 2 meses antes de las elecciones para Diputados, y un mes antes para Concejos Municipales, y el CE prohíbe la propaganda durante los tres días anteriores a la elección y el día de la misma[13]. Aunque la Constitución y el Código Electoral especifican un período de tiempo en el que se permite la propaganda, todavía hay mucho debate sobre el uso de ésta por parte de los partidos políticos en cualquier momento antes de los plazos estipulados. El Presidente del TSE Walter Araujo ha enfatizado que la Constitución permite libertad de expresión y de pensamiento [en cualquier contexto]. El dice que, según estas disposiciones, el uso de propaganda es un derecho constitucional y debería ser permitido[14]. En contraste, se dice que la mayoría de los partidos políticos violan muchas regulaciones específicas sobre el período electoral al comenzar a hacer campaña demasiado temprano y pegando propaganda en lugares considerados ilegales.
El segundo factor que puede influir en el desarrollo de las campañas proselitistas es que, aun cuando existe legislación sobre el uso de la propaganda, algunos partidos consideran que no hay claridad en su definición. Específicamente, hay algún debate sobre lo que constituye propaganda electoral y lo que no es propaganda. Como tal, se dice que hay lugar para muchas interpretaciones. Según el Magistrado Presidente Walter Araujo, el TSE define la propaganda partidaria como cualquier acción que pida el voto a la ciudadanía. Dice que, mientras algunos perciben la propaganda como cualquier cosa que use los colores de los partidos o promueva los partidos políticos, 3 de los 5 Magistrados cuestionan esta definición. Ellos argumentan que el uso de los colores, publicidad o eslóganes partidarios son demasiado comunes y demasiado difíciles de regular[15].
Posiblemente haya necesidad de clarificar qué constituye propaganda electoral y las formas en que ésta puede ser empleada para usos de campaña. Esto es muy importante, especialmente en vista de un reciente ejemplo en San Miguel en donde 2 de los candidatos que poseen canales de televisión en la zona los emplean para propósitos de su campaña electoral.
En este tema no se necesitan más leyes y regulaciones. Lo que se necesita es que el TSE, el Fiscal General y la Fiscalía General de la República deben cumplir y hacer cumplir las leyes ya existentes.
En una investigación de la Asociación Latinoamericana para la Comunicación Social (COMUNICAN), con apoyo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) realizada del 6 al 13 de marzo anterior, encontraron que, en general, se observa una importante influencia de los medios de comunicación en el proceso electoral. En las muestras encontraron que los canales televisivos dedican el 37.92% de sus espacios noticiosos a los temas electorales; en el caso de la radio, este porcentaje sube al 51.08%; y en la prensa escrita llega al 41.06%.
El informe también señala que ha habido una tendencia negativa en algunos medios de comunicación en contra del partido FMLN, y destaca que en los espacios de opinión y editoriales, se tenía un fuerte aval hacia el partido ARENA. COMUNICAN dice que esta información “permite inferir una crisis en la sociedad salvadoreña que de diferentes ángulos se manifiesta o se oculta en los medios de comunicación.”[16]
Puede ser que los medios en El Salvador hayan influenciado los resultados finales de las elecciones por medio de la televisión, anuncios y varios artículos periodísticos escritos durante el período electoral. Aunque es muy difícil determinar el nivel exacto de influencia de los medios durante este tiempo, se deduce que en el futuro debe hacerse más para definir y regular el uso de propaganda durante el período de campaña electoral.
Finalmente, y lo más importante, el rol del Presidente de la República en campaña proselitista es una violación al Código Electoral y a la Constitución de la República[17]. Ejemplo de una clara intimidación y de inducción al voto es el eslogan del Presidente “un voto por ARENA es un voto por Tony Saca,” el cual fue un tema recurrente en esta campaña. En repetidas ocasiones, el Presidente Saca habló abiertamente de la necesidad de tener una Asamblea Legislativa que lo deje gobernar, calificando de ‘estorbo’ al partido de oposición FMLN, y pidiendo a la población que diera la mayoría de votos para diputados a su partido político.[18]
Según el análisis del Diputado y economista Héctor Dada –de Cambio Democrático- el Presidente no alcanzó su objetivo fundamental, que era lograr un cambio significativo en la Asamblea Legislativa por medio de un aumento en el número de diputados de ARENA, lo que le permitiría gobernar sin obstáculos. Y por el contrario, el mismo Presidente ha salido de todo esto en una posición mucho más débil.
“Ha habido una grave confusión de roles y responsabilidades que ha contribuido a la erosión de algo que es básico en el juego democrático”, comentó el Director de FLACSO[19], Carlos Briones. La situación es que, a juicio de algunos analistas, el Presidente Saca alterna sus roles como Presidente del país y como presidente del partido ARENA; consideramos que su alta investidura como Presidente del país no es compatible con el cargo de presidente de su partido, pues antepone los intereses partidarios al interés de la nación.
La presencia pública del Presidente Saca en los medios fue constante, deslegitimando a los demás partidos políticos, en particular al principal partido de oposición, el FMLN, y dando muy poco espacio a los dirigentes de los partidos más pequeños y los líderes de las organizaciones sociales. Estas escenas han demostrado que los medios y las herramientas de comunicación en el país están en crisis, ya que los problemas reales de la sociedad salvadoreña no siempre están representados en los medios. Hay una brecha entre la información ofrecida en las noticias y las demandas y expectativas de la sociedad salvadoreña.
En un sistema democrático, los medios públicos y privados deben proporcionar a sus oyentes y lectores información amplia y balanceada para reflejar la pluralidad de opiniones existentes, para garantizar que los ciudadanos tengan disponibilidad de información y orientación suficiente para que puedan tomar decisiones políticas. Esto significa que los medios deben mostrar menos parcialidad hacia cualquier partido específico y deben mostrarse más abiertos al pluralismo de ideas y fuentes de información, elevando las voces de los diferentes sectores de la sociedad y estableciendo un balance de todos los partidos políticos. Este es el camino que deben tomar los medios para contribuir a la construcción de la democracia en El Salvador.
“Los medios monitoreados durante el proceso electoral salvadoreño que nos ocupa no transitaron, en general, adecuadamente ese camino”.[20]
E. Financiamiento de la Campaña
Bajo el actual sistema legal, virtualmente no existen límites sobre las fuentes o sobre los usos que se dan a los fondos de campaña.[21] El Código Electoral establece un procedimiento para el financiamiento de la campaña con fondos públicos (denominado deuda política), tomando como base los votos válidos que obtuvo cada partido en la respectiva elección anterior (artículos 187-190 del Código Electoral); pero no existe responsabilidad legal para supervisar cómo se gasta este dinero, aunque los partidos están en la obligación de reintegrar al fisco la diferencia que resultare entre el anticipo recibido y la suma que le corresponda según la liquidación post electoral (artículos 192-194). En la práctica, no existe una política de rendición de cuentas y los partidos tienen libertad para decidir si publican o no sus ingresos y sus gastos, ya que no existe ninguna ley que exija a los partidos políticos que muestren registros de sus cuentas.[22] A preguntas de los medios de comunicación, algunos partidos proporcionan información sobre sus gastos; y aunque esto permite algunos elementos de análisis, no hay un proceso de auditoría para establecer la veracidad de lo que afirman.
Sobre contribuciones privadas, no existe ley que regule la cantidad ni el origen de las contribuciones o donaciones a los partidos políticos. Esta falta general de supervisón y regulaciones amenaza la transparencia del sistema como un todo. No está claro ante quién son responsables los partidos ni qué organizaciones o grupos de intereses pueden estar comprando influencias.
Cuando se le preguntó a Gloria Salguero Gross, del partido ARENA, encargada de la Comisión de Gobernabilidad, argumentó que al exigir a las empresas que revelen su apoyo político, se afectarían los ingresos de los partidos.[23] En una reciente encuesta conducida por La Prensa Gráfica, 66.9% de la población dijo que estaba a favor de una ley que obligue a los partidos políticos a declarar cuánto gastan en las campañas. Cuando se les preguntó si ellos apoyarían una ley que obligara a los partidos políticos a revelar de dónde obtienen su dinero, 71.6% de los encuestados respondió favorablemente.[24] Aunque ninguna encuesta puede presumir de una absoluta precisión, esto indica que hay una fuerte voluntad de parte de los salvadoreños para establecer un sistema más transparente. En donde falta voluntad es en los partidos políticos, ya que a ninguno le interesa regular sus propias actividades.[25]
F. Violencia Electoral
La violencia electoral continúa siendo un componente sumamente negativo en los procesos electorales salvadoreños; pero más preocupante es el hecho de que la población acepta y ve con naturalidad los hechos de violencia en el marco electoral. Por la polarización existente y al calor del fanatismo se desbordan las pasiones de los miembros y simpatizantes de partidos adversarios. Entonces aprovechan para ventilar rencillas personales, venganzas, diferencias, etc., que se concretiza no sólo en mancha y destrucción de propaganda y desórdenes públicos, sino también en ofensas, amenazas, golpes, lesiones, y hasta muertes.
Se recogió información específica sobre los incidentes más violentos en los municipios de Zaragoza, Apopa y Sonsonate, así como en San Salvador, y algunos otros incidentes menores. A pesar de que se hicieron informes, a menudo éstos no fueron documentados y eran parcializados. Además, los medios fueron muy selectivos al hacer su análisis de los incidentes violentos, y a menudo escogieron dar cobertura sólo a los casos más extremos de violencia electoral.
La violencia electoral fue evidente en muchas ocasiones. Sin embargo, ocurrió con mayor frecuencia durante las actividades de pinta y pega. Esto fue particularmente evidente en el municipio de Zaragoza en donde un grupo de activistas locales de ARENA y un grupo del FMLN se agredieron mutuamente durante una noche en la que ambos grupos andaban en actividades de pinta y pega. Uno de los grupos trató de poner propaganda en la zona tomada por el otro, y esto originó el conflicto. Hubo dos personas que fueron llevadas al hospital por lesiones y la Policía llegó al sitio del incidente, pero al final no se presentaron cargos contra nadie.
Otro factor que contribuye a la violencia electoral es que nadie asume responsabilidad, ni los partidos políticos ni sus activistas que se enfrascan en esa conducta violenta.
Específicamente, un factor que pudo haber influido en el análisis de la frecuencia e intensidad de la violencia electoral es la poca disposición de los salvadoreños y de los partidos políticos a denunciar formalmente los incidentes después que han ocurrido.
Durante la campaña electoral y en el período posterior, se ha evidenciado más la falta de confianza en que la policía y el sistema judicial darán un tratamiento apropiado a la violencia. Es decir, hay una falta de confianza en que las autoridades competentes darán seguimiento a los incidentes denunciados, de que se presentarán cargos contra las personas que participen en actos de violencia y que serán enjuiciadas según la ley.
Para minimizar la violencia electoral es necesario que haya voluntad política, respeto al estado de derecho, un Fiscal Electoral independiente, presentación de denuncias formales ante autoridad competente y seguimiento a las mismas; pero todo esto demanda una mayor reflexión, un alto grado de conciencia y la práctica de una cultura cívica bien cimentada.
G. Rol del Fiscal Electoral
En las elecciones presidenciales de 2004 se reflejó la naturaleza inoperante del Fiscal Electoral debido a su dependencia del Fiscal General de la República. Y durante las observaciones que hizo el CIS sobre el proceso electoral 2006 también se hizo evidente que el Fiscal Electoral continúa siendo ineficiente en su rol.
A través de nuestras observaciones con las JEDs y JEMs nos dimos cuenta de que en los municipios en donde tuvimos observadores se ha desarrollado una gran cantidad de incidentes que violan el Código Electoral y la Constitución de la República, y el Fiscal Electoral no ha intervenido. Los partidos presentaron pocas denuncias de manera oficial debido a la falta de confianza en el sistema judicial en su conjunto, lo complicado de los procesos y la desorganización institucional, y a la falta de independencia del Fiscal Electoral. Por esa razón, muchos actos ilegales permanecen sin ser denunciados y, por lo tanto, simplemente son ignorados y olvidados. Los mismos partidos no tienen ningún interés en denunciarse unos a otros por actos cuestionables; mejor se aprovechan de los mismos vacíos y ambigüedades de la ley, tal como se ve en lo referente a la propaganda.
Por otra parte, es necesario que en todos los centros de votación haya presencia de los delegados del Fiscal Electoral, pero el día de las elecciones hubo solamente 400 delegados trabajando en 498 centros de votación. Estos delegados habían recibido muy poca o ninguna capacitación. Pero algo mucho más grave es la evidente parcialización ideológica de algunos delegados del Fiscal Electoral, que abiertamente asumen posiciones partidistas.
Además, hubo falta de coordinación entre la PNC y el Fiscal Electoral, así como con las JEDs y con las JEMs.
Algunas de nuestras observaciones incluyen lo siguiente:
San José Villanueva: En una reunión entre los observadores del CIS y los miembros de la JED, éstos nos dijeron que había una variedad de incidentes y amenazas en el departamento que no habían sido denunciados porque los partidos tienen poca confianza que los casos sean investigados por el Fiscal Electoral.
Zaragoza: En Zaragoza hubo varios casos de violencia electoral en el mes de enero entre militantes de los partidos que andaban en actividades de pinta y pega en el centro de la ciudad y cerca de la Alcaldía Municipal. En estos incidentes, varias personas resultaron seriamente lesionadas. Estos casos fueron denunciados ante la Policía y ante el Fiscal Electoral, pero hasta hoy no ha habido resolución sobre los mismos.
H. Trasiego de Votos
Una de las más graves distorsiones del proceso electoral que ocurre a nivel nacional es la permanente controversia que rodea al trasiego de votos. Si uno de los principios básicos del juego democrático es que el gobierno debe ser aceptado por los gobernados, entonces la falsificación malintencionada de la residencia de una persona para votar en un municipio donde dicha persona no tiene lazos personales, amenaza directamente un derecho de los habitantes de un municipio a elegir a sus gobernantes, pues el concepto general de una elección municipal es que todos los que tengan intereses en juego escojan a sus funcionarios. Además de violar los principios democráticos, el trasiego de votos también es una violación directa al artículo 22, numeral 8 del Código Electoral, que claramente dice que los votantes deben registrar su Documento Único de Identidad, DUI, en el municipio de su morada.
La práctica de arreglar tal actividad para influir en los resultados de una elección es un fenómeno común que se realiza, organizando grupos de personas de otros municipios para que cambien la dirección en su DUI, o llevando miembros de JRVs, vigilantes, supervisores, jefes de centro (propietarios y suplentes) para trabajar —y votar— en municipios estratégicos para sus partidos, fuera de su propio lugar de residencia.
La evidencia de dicho movimiento planificado se ve reflejada en los cambios de dirección registrados antes del cierre del Registro Electoral por el TSE (1º de diciembre de 2005). Según estadísticas del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), sólo en noviembre de 2005 fueron modificadas las direcciones de 10,852 DUIs. El proceso real de cambiar la dirección de uno es muy fácil, con la única condición de presentar una declaración jurada y una firma, junto con el pago de $10.31[26].Además, hay falta de responsabilidad institucional tanto de parte del TSE y del RNPN, quienes se echan la responsabilidad el uno al otro.
Otra argucia para aumentar el número de votos es coordinando para que nacionales de otros países centroamericanos se inscriban para votar en un municipio específico.
La misma Presidenta del RNPN admite posibles vacíos en el proceso de la entrega del DUI. En entrevista con La Prensa Gráfica el 31 de marzo, señaló que: “de la única manera que podemos documentar a un extranjero es vía trámite subsidiario notarial. De eso nos ha llamado la atención la gran cantidad de subsidiarios con los que la gente va a sacar DUI”.
Esta masiva entrega de partidas de nacimiento de tipo subsidiaria en 215 alcaldías del país ha llamado la atención de las autoridades del RNPN, que identifican este mecanismo como una posible rendija ilegal para la entrega del DUI a extranjeros, debido a las debilidades del procedimiento, lo cual nos muestra la necesidad de revisar los procedimientos para identificar posibles vacíos o irregularidades en la entrega del DUI.
Con un presupuesto muy bajo y con sólo unos 80 empleados a nivel nacional, es poco probable que el RNPN pueda enfrentar el reto de depurar el registro de las personas naturales, que constituye la base del registro electoral. Sin embargo, su actualización y depuración es un imperativo. Por ejemplo, las certificaciones de nacimientos utilizadas para obtener el DUI, así como las defunciones, son extendidas por las alcaldías municipales, en donde se hace muy fácil obtener dichas certificaciones. En relación al cambio de dirección de una persona que tenga su DUI, el RNPN, con los recursos que tiene actualmente, se queda sin una base legal para controlar el cambio deliberado de dirección para afectar resultados electorales.
Un ejemplo extremo es el que se da en el pequeño municipio de Jutiapa, en donde el registro electoral aumentó un 39% desde 2004, una cifra sorprendente si se toma en cuenta que el 60% de estos nuevos votantes provienen de la ciudad capital, y la mayoría de ellos han dicho ser empleados de la Corte de Cuentas. Entre los partidos [27]políticos, el tema continúa siendo punto de debate. El diputado Noé Gonzáles, del PCN, confirmó denuncias referentes al movimiento de votos a Jutiapa, y dice: “es una práctica común, todos lo hacen, no es ilegal”.[28]
Otra forma de traslado de votos quizás más grave es por medio de los miembros del equipo de defensa del voto de cada partido. El Código Electoral da a los miembros de las JRVs, a los vigilantes y a sus suplentes el derecho de votar en la mesa en donde están nombrados, independientemente del lugar en donde le corresponda votar según su DUI. Esto conduce a una enorme manipulación de parte de los partidos políticos, debido al hecho de que el Código Electoral no especifica que los miembros de JRV, Vigilantes, supervisores, jefes de centro, y sus suplentes deben ser residentes en el municipio en donde se les nombre para servir. Esto significa que cualquier partido puede llevar la cantidad de votantes que quiera al municipio que desee. Las consecuencias de esto son enormes ya que este trasiego de votos puede determinar, y de hecho ha determinado en algunos municipios, el triunfo de un partido en particular, lo cual es inmoral, y debe ser objeto de análisis en futuras reformas.
Pero hemos observado que los partidos a menudo exageran el problema para justificar por qué pierden votos en ciertas áreas. Algunos ejemplos observados de traslado de votos incluyen:
En Jutiapa, Cabañas: Muchos buses, microbuses, camiones y hasta vehículos de lujo llenos de votantes llegaron de fuera del municipio, principalmente con banderas del PCN, pero también del FMLN y de ARENA; a estos votantes les dieron cupones para reclamar almuerzos después de haber votado.
En Ilobasco, Cabañas: En una reunión sostenida con la JEM de Ilobasco, una de las preocupaciones mostradas tenía que ver con el traslado de votos. Los miembros de la JEM sentían que el sistema electoral tiene ciertas debilidades ya que permite que un cambio de residencia pueda ser usado para influir en los resultados electorales. El problema aquí también puede ser que el traslado de votos en donde se le paga a la gente para fingir que han cambiado su residencia puede ser un obvio incentivo para la gente que vive en extrema pobreza.
En Apastepeque, San Vicente: Hubo denuncias hechas por varios simpatizantes del FMLN de que más de 300 personas habían sido traídas, en 6 camiones traídos por el partido ARENA desde el Ingenio Jiboa. Se dijo que a estas personas se les había comprado su voto, y que no eran residentes de Apastepeque.
Estanzuelas, Usulután: El candidato del FMLN comentó a los observadores del CIS que ARENA había traído 128 personas de fuera a trabajar en las mesas. El FMLN perdió en Estanzuelas por 60 votos.
I. Registro Electoral
De acuerdo con la ley, el Tribunal Supremo Electoral tiene que dar a los partidos políticos una copia del Registro Electoral 90 días antes de las elecciones, y deben presentar el Padrón a los ciudadanos para consultas 8 días antes del cierre definitivo de dicho Padrón.
Sin embargo, durante estas elecciones observamos que los partidos políticos tenían problemas por falta de acceso al Registro Electoral. Durante este proceso electoral el Presidente del TSE violó los artículos 19, 20, 29, y 32 del Código Electoral, y 77 de la CP al no permitir que los partidos políticos tuvieran acceso al Registro, un derecho legal que les corresponde por ley para monitorear la elaboración, organización, publicación y actualización de dicho Registro.
Esta falta de acceso ha llevado a hacer cuestionamientos sobre irregularidades en el Padrón Electoral, tales como inscripción de menores de edad, duplicaciones, personas fallecidas, fotografías distorsionadas o falta de fotografías, códigos temporales (hay 900 mil ciudadanos que tienen códigos temporales, según la Presidenta del RNPN) y que se extienda DUIs salvadoreños a nacionales de otros países centroamericanos. Según estas denuncias y acusaciones hechas ante los medios por la Junta de Vigilancia Electoral, JVE, en total hay 33 irregularidades denunciadas, mismas que no han sido modificadas durante la Consulta Ciudadana. Los partidos políticos sólo tuvieron acceso parcial al Registro Electoral, es decir, sólo a los nombres y a los números de DUI.
Los cuestionamientos sobre la confiabilidad del Registro Electoral han aumentado con el rechazo del TSE a facilitar el acceso a los partidos políticos, lo cual es su obligación según la ley; pero invocando un principio de confidencialidad, el TSE no ha permitido dicho acceso a todos los partidos. La JVE no pudo realizar su rol de vigilar el Registro Electoral, como lo señala la ley[29].
Existe una contradicción en cuanto al acceso al Registro Electoral. La Misión de Observadores cree conveniente que, por razones de transparencia, y por respeto a la legalidad, los partidos políticos deben tener acceso al Registro Electoral.
Es evidente la falta de independencia del Registro Nacional de las Personas Naturales, RNPN, como institución a cargo de la elaboración del Registro Electoral. El RNPN depende del Órgano Ejecutivo, lo cual pone en entredicho su transparencia, imparcialidad y confiabilidad. La Presidenta del RNPN, Lic. Miriam Mixco, ex miembro del COENA y una activa militante del partido ARENA. Además, el jefe de campaña de ARENA, Lic. Julio Rank, informó a los observadores del CIS que la Lic. Mixco era la nueva responsable de los observadores internacionales de ARENA.
J. Voto Residencial.
Una de las reformas electorales más positivas aprobadas el 13 de octubre de 2005 fue la implementación por parte del Tribunal Supremo Electoral del plan piloto sobre el voto residencial en siete municipios. Esta es una iniciativa que facilita al electorado salvadoreño el acceso a las urnas para que pueda ejercer su derecho al sufragio, lo cual fortalece la democracia. Al permitir más centros de votación en el municipio, este plan piloto sobre el voto residencial facilita la votación. La implementación completa del voto residencial en el futuro ayudará a disminuir el traslado de votos y la inscripción de no salvadoreños para votar.
El CIS tuvo observadores en dos de los siete municipios en donde se implementó el plan piloto: El Paisnal (San Salvador) y San Juan Nonualco (La Paz). En San Juan Nonualco originalmente sólo había un centro de votación, y mucha gente vive a más de una hora de viaje en vehículo. Por eso, mucha gente que vive en cantones como El Golfo y El Chile en San Juan Nonualco no podía votar sólo porque no tenían los medios o el tiempo para transportarse. Con el voto residencial hubo cuatro centros de votación más en esta zona, lo cual permitió una mayor afluencia de votantes.
Nuestras preocupaciones con el voto residencial eran que por ser un proyecto nuevo, los organismos electorales temporales, como las JEM, estuvieran discutiendo entre ellos mismos sobre cómo exactamente implementarlo debido a falta de recursos, tales como la ausencia de un fax o transporte para dichos organismos. Además, es necesario que todos los centros de votación tengan electricidad, agua potable y baños; sin embargo, esto no siempre fue posible en algunos de los centros de votación donde había voto residencial. Por ejemplo, en el centro de votación del cantón Zacatillos, de San Juan Nonualco, la electricidad no funcionaba, de modo que los miembros de la JRV allí terminaron usando las linternas que habían llevado los observadores del CIS.
En nuestras entrevistas con miembros de los partidos políticos y de la JEM, hubo un consenso general de que el presupuesto asignado a este proyecto no era suficiente para implementar apropiadamente este programa. En vista de los problemas causados por la falta de recursos, el TSE necesita considerar un aumento en el presupuesto para la futura expansión del voto residencial.
Escuchamos de la ciudadanía, de las JEMs y de partidos políticos en San Juan Nonualco que hubo casos de personas que vivían cerca de un centro de votación en particular, pero no fueron incluidas allí, sino que fueron enviadas a votar a otro centro más lejano a sus hogares. En estos casos la idea del voto residencial no cumplió con su cometido. Pero eso puede ser rectificado en la próxima elección.
Además, hubo algunas preocupaciones sobre la selección de estos siete municipios en particular para el plan piloto. Al preguntar a los miembros de la JEM y de la JED, así como a los alcaldes y partidos políticos en El Paisnal y San Juan Nonualco si ellos estuvieron involucrados en la toma de decisiones y si sabían por qué había sido seleccionado su municipio para el voto residencial, las respuestas fueron negativas. Según reportes de prensa, “estos municipios fueron elegidos por los magistrados luego de un estudio de cada una de las localidades”.[30]
En general, hubo respuestas positivas al voto residencial de parte de la JEM y de la ciudadanía en San Juan Nonualco. Se cree que el plan piloto alcanzó su objetivo de aumentar la asistencia de votantes pues según cifras oficiales, dicha asistencia en los municipios en donde se realizó el plan piloto fue más alta que el promedio nacional, que fue de 52%:
|
Municipio y Departamento |
Total de votos emitidos |
Total de votantes registrados |
% de concurrencia a las urnas |
|
Turín |
3,591 |
5,787 |
62.05% |
|
Nuevo Cuscatlán |
3,610 |
5,201 |
69.41% |
|
El Paisnal |
4,383 |
7,989 |
54.86% |
|
San Juan Nonualco |
6,276 |
10,571 |
59.37% |
|
Tecapán |
3,403 |
4,485 |
75.88% |
|
Carolina |
3,467 |
4,650 |
74.56% |
|
Meanguera del Golfo |
1,055 |
1,679 |
62.89% |
Si comparamos estas cifras con las obtenidas en las elecciones legislativas y municipales de 2003, se ve que la