El Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS) llevó a cabo su Sexta Misión Internacional de Observadores Electorales en El Salvador, del 15 al 23 de marzo de 2004. La Misión estuvo conformada por 270 observadores provenientes de 15 países y por un equipo de 20 voluntarios que trabajaron del 12 de enero al 12 de mayo a fin de preparar las condiciones para el buen desarrollo de la Misión, para observar el proceso anterior al día de la elección y para redactar este informe.

De manera especial queremos agradecer al Tribunal Supremo Electoral (TSE), a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y a la Embajada de los Estados Unidos por hacer posible esta Misión Electoral en vista de la decisión tomada por el gobierno salvadoreño para detener y deportar a los observadores internacionales a su llegada a El Salvador.

También queremos agradecer a la Junta de Vigilancia Electoral (JVE), al personal de capacitaciones del TSE, al Proyecto Electoral, a los partidos políticos, a los miembros de las 11 Juntas Electorales Departamentales y 36 Juntas Electorales Municipales en donde realizamos observación, a la Policía Nacional Civil (PNC), al Fiscal Electoral y a las Embajadas de Canadá, España, Francia y Alemania por cedernos un poco de su tiempo para reunirse con nosotros y explicarnos el proceso y para compartir con nosotros su punto de vista sobre el mismo. Finalmente agradecemos a los 36 municipios que invitaron y facilitaron la presencia de los observadores del CIS.

La elección de 2004 representó avances y retrocesos en el proceso democrático iniciado con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992. Los avances más notables incluyen:

Felicitaciones al pueblo salvadoreño que asistió a las urnas en una cifra sin precedentes. Un poco más del sesenta y siete por ciento de los votantes inscritos concurrieron a ejercer su derecho al voto.
La implementación del nuevo Documento Único de Identidad (DUI) y el nuevo Padrón Electoral facilitaron una mayor participación debido a que el sufragio universal está garantizado a casi todos los adultos de 18 años o más que estén en posesión de su documento único de identidad.
El nuevo Padrón Electoral disminuyó las posibilidades de obtener votos duplicados y usurpación de la identidad de los votantes ya que por primera vez se usó en dicho Padrón un sistema centralizado de fotografías de todas las personas registradas.
Los miembros de las JRVs merecen un reconocimiento por el esfuerzo demostrado en la organización del día de las elecciones.

Al mismo tiempo, también quedó expuesta la fragilidad del incipiente proceso democrático de sólo 12 años:

Por primera vez los magistrados del TSE (una minoría de 2 de 5) bloquearon consistentemente las resoluciones para hacer cumplir el Código Electoral, incluyendo violaciones de las reglas electorales, la campaña sucia, campaña extemporánea en los 3 días anteriores a la elección, entre otros, sobreponiendo los intereses de los partidos a los intereses del proceso o los intereses del pueblo salvadoreño.
Se reportó una cantidad sin precedentes de coerción y manipulación de los votantes en los lugares de trabajo en donde los trabajadores eran amenazados con la pérdida de sus empleos si no trabajaban en las mesas de votación o si no votaban por el partido oficial. Hubo una masiva y amenazante campaña de que las remesas familiares serían suspendidas si la gente no reelegía al partido oficial. Dada la grave crisis económica que está atravesando El Salvador, estos actos de coerción son particularmente alarmantes.
Fue muy obvio que se usó dinero en cantidades sin precedentes para desarrollar la campaña, sin una ley que regule las responsabilidades ni la transparencia sobre el origen de los fondos de campaña. El pueblo salvadoreño tiene derecho a conocer las fuentes de financiamiento y de apoyo a los partidos y, por tanto, los intereses que puedan estar representados en las campañas políticas.
El diseño y ubicación de los anaqueles de votación continúa violando el derecho constitucional a la secretividad del voto.
La falta del voto residencial continúa siendo un obstáculo para la participación de los votantes y abre las puertas a la coerción a través del transporte financiado por los partidos, el medio más accesible para asistir a la votación.

Con la publicación de nuestro informe esperamos documentar las fortalezas y debilidades en el sistema electoral de manera objetiva y presentar una serie de recomendaciones para hacer reformas que fortalezcan el proceso democrático, la participación ciudadana y el desarrollo de futuros eventos electorales.

El CIS se dedica a construir solidaridad, a sostener intercambios de pueblo a pueblo y a acompañar al pueblo salvadoreño en los esfuerzos de las bases por desarrollar una democracia profunda y duradera, incluyendo la promoción de actividades culturales, intercambios de idiomas, promoción y defensa de los derechos humanos, ayuda de emergencia, desarrollo humano, y esfuerzos por mejorar la micro-economía. La Misión Internacional de Observadores Electorales es parte de nuestra contribución al fortalecimiento de la participación democrática.

En el fondo, es el pueblo salvadoreño quien tiene la última palabra en la construcción de un sistema electoral libre y justo y, todavía más importante, una cultura de democracia, una cultura en donde las diferencias sean debatidas y respetadas, y en donde la mayoría tome decisiones respetando a la minoría; en donde no sea aceptada la coerción y la manipulación para influenciar el voto de las personas y en donde los transgresores de la ley sean sancionados. Los representantes elegidos velan por los intereses de sus electores en la determinación de políticas de manera continua. La Asamblea Legislativa, los Concejos Municipales, las Asociaciones de vecinos, los Consejos Directivos Escolares, la policía, el sistema judicial y otros sirven como herramientas para fortalecer la participación de la sociedad civil. Y el CIS está dedicado a acompañar ese proceso.

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II. observaDORES internacionalES DETENIDOS EN EL AEROPUERTO

(el 12 y 13 de marzo)

La observación internacional ha jugado un papel muy importante en los procesos electorales salvadoreños desde que fueron firmados los Acuerdos de Paz en 1992. Los Acuerdos de Paz propiciaron las condiciones para la creación de importantes instituciones democráticas, incluyendo el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Policía Nacional Civil (PNC), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), y el reconocimiento del FMLN como partido político. Estas instituciones han contribuido a obtener importantes progresos en el proceso democrático; sin embargo, las mismas permanecen muy frágiles y en algunos casos no han consolidado su rol como fue estipulado en los Acuerdos de Paz.

La presencia de la observación electoral internacional ha jugado un importante rol en apoyar la consolidación del proceso democrático en el período de post-guerra. La presencia de observadores internacionales ha contribuido a afirmar la confianza de los votantes en el proceso electoral. En las áreas rurales en donde la violencia y la intimidación han acompañado a los procesos electorales, tanto en el pasado como en la actualidad, todavía continúa presente ese temor en época de elecciones. Además, la presencia de observadores ha contribuido a formar una base objetiva de información y recomendaciones para evaluar el proceso y fortalecerlo. El informe de la Misión de Observadores Internacionales de 2003 fue usado como herramienta para las evaluaciones internas en el Tribunal Supremo Electoral y las recomendaciones del CIS fueron aceptadas unánimemente en la agenda de discusiones de la Comisión sobre Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa. Todos los partidos políticos felicitaron a la Misión de Observadores del CIS y reconocieron la importancia de su contribución. Desde 1994, el CIS ha organizado y capacitado misiones de observadores electorales debidamente acreditadas por el Tribunal Supremo Electoral.

No obstante lo anterior, para nosotros es preocupante que autoridades de alto nivel del gobierno salvadoreño hayan decidido arbitrariamente prohibir la presencia de observadores internacionales en las elecciones de 2004. Los observadores del CIS que llegaron al Aeropuerto Internacional de El Salvador en Comalapa, la tarde del viernes 12 de marzo, fueron informados de que había una orden para detener y deportar a los observadores electorales internacionales, a menos que presentaran una credencial al momento de entrar al país.

La solicitud del CIS para acreditar a sus observadores fue aprobada por el Tribunal Supremo Electoral el 30 de enero de 2004[1]. Según el Reglamento para Observadores Electorales Internacionales en El Salvador, los observadores tienen el derecho a recibir visa para entrar al país.[2] Creemos que no existe razón para exigir las Credenciales en el Aeropuerto, ya que éstas son extendidas por el Tribunal Supremo Electoral hasta que los observadores visitantes han ingresado al país, no antes. Fue hasta primeras horas del sábado 13 que, con ayuda del TSE, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Embajada de los Estados Unidos —que trabajaron hasta las 2 de la madrugada— el CIS pudo finalmente obtener el ingreso de los observadores detenidos el día anterior. Las detenciones arbitrarias en el Aeropuerto se repitieron el sábado 13 de marzo con más de 80 visitantes internacionales, incluyendo observadores y no observadores, entre ellos al Procurador para los Derechos Humanos de Costa Rica y un sacerdote español. El Embajador de los Estados Unidos tuvo que ir personalmente al Aeropuerto el sábado 13 debido a la gravedad de la situación.

La Constitución salvadoreña estipula que todas las personas tienen la libertad de entrar y permanecer en el territorio de la república o salir del mismo, salvo las limitaciones que la ley establece[3]. La Ley de Inmigración expresa que los extranjeros pueden entrar al país como turistas, residentes temporales o residentes permanentes, sin señalar ninguna otra categoría migratoria.[4] Y el Reglamento para Observadores Electorales Internacionales en El Salvador expresa que los observadores tienen derecho a recibir visa para entrar al país[5]. Por todo lo antes expuesto, afirmamos que los derechos de los visitantes y observadores internacionales fueron violados con detenciones arbitrarias en el Aeropuerto, lo cual generó dudas sobre la transparencia del proceso electoral.

El CIS quiere reconocer y agradecer al Magistrado Julio Hernández y su equipo de trabajo en el Tribunal Supremo Electoral, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y a la Embajada de los Estados Unidos por todos los esfuerzos que hicieron para garantizar y hacer posible la observación internacional a pesar de estas violaciones.

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III. DESEMPEÑO DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

A. Fortalezas del proceso electoral en las elecciones presidenciales de 2004

Las principales fortalezas encontradas por esta Misión de Observadores son dos:

La sustitución del carnet electoral por el Documento Único de Identidad, más conocido como DUI

La reforma electoral llevada a cabo por el Tribunal Supremo Electoral en el 2003 trajo para estas elecciones presidenciales dos novedades importantes asociadas al nuevo Registro Electoral: el DUI y un nuevo Padrón Electoral que, a su vez, significó una modificación del Código Electoral en su artículo 9.[6]

Sin duda, el DUI ha dado mayor seguridad, transparencia y confianza a los ciudadanos el día de la votación, sirviendo para evitar que votaran los muertos, así como la suplantación de electores en gran escala. Por su fiabilidad, es el documento elegido para identificar a los salvadoreños mayores de 18 años en todo acto público, incluyendo el momento para emitir el sufragio. El uso del DUI supone un gran salto para la consecución de unas elecciones justas, transparentes y democráticas.

Además, el uso del DUI, que a la vez le permite votar al ciudadano en la ciudad donde reside, ha contribuido a modernizar, actualizar y depurar el actual Padrón Electoral, que está basado en los datos del Registro Nacional de las Personas Naturales, datos que fueron proporcionados por los ciudadanos en el momento de obtención del DUI.

La implementación del nuevo Padrón Electoral con fotos digitalizadas.

El nuevo Padrón Electoral —donde se ha suprimido la mayoría de personas fallecidas, o con doble carnet electoral— incluye una fotografía de cada ciudadano, lo que hace muy difícil las situaciones de doble voto o usurpación de identidad. Sólo podemos señalar una pequeña falla en este padrón, la cual se refiere a la baja calidad en la impresión de las fotografías; pero esto no ha impedido convertirlo en un documento efectivo para comprobar la identidad del votante de forma rápida el día del sufragio. Este nuevo Registro Electoral es la reforma de mayor impacto electoral.

Una vez finalizadas las consultas ciudadanas al Padrón Electoral para la comprobación de los datos personales —el 24 de enero de 2004— el censo electoral quedó conformado por 3 millones 442 mil 393 electores, es decir, cuatrocientas mil personas carnetizadas más que en las elecciones anteriores. Otra ventaja de esta nueva medida ha sido la variedad de posibilidades para consultar con antelación el centro de votación y la junta receptora de votos en que a cada elector le correspondía ejercer el sufragio, acortándose el tiempo de espera para consultar el propio día de las elecciones y, por tanto, también contribuyó a reducir la saturación de los centros de votación.

Sin embargo, el hecho de que la población salvadoreña acudiera masivamente a las urnas no implica necesariamente que se expresara libremente y de manera contundente. Para decir eso también se ha de tener en cuenta cómo se desarrolló el conjunto del proceso y campaña electorales. Esa es nuestra intención, tener en consideración todos los factores que determinan si el pueblo se expresó con libertad y convicción, al analizar en este informe el papel que jugaron y las medidas que tomaron los distintos actores electorales.

B. Debilidades del proceso electoral en las elecciones presidenciales de 2004

Los aspectos débiles que hemos observado en el transcurso de este proceso electoral son los siguientes:

1. Incumplimientos del Calendario Electoral y retrasos administrativos.

· La campaña proselitista debería haber comenzado el día 21 de noviembre de 2003, cuando el Tribunal Supremo Electoral convocó a elecciones. El partido ARENA, en cambio, comenzó mucho antes una campaña disfrazada, haciendo caso omiso del artículo 230 del Código Electoral[7]. Ante la pasividad del TSE, los demás partidos también adelantaron su campaña proselitista, violentando igualmente el Código Electoral.

· Retraso de una semana en la adquisición de los materiales electorales que conforman el paquete electoral —en concreto la tinta indeleble— añadiendo mayor incertidumbre al desarrollo del proceso electoral, a sólo veinte días de las elecciones[8].

· Un retraso similar ocurrió con la adquisición de las computadoras, que a dos días del primer simulacro todavía no las habían recibido y, aunque el simulacro se llevó a cabo el día señalado, el retraso contribuyó a aumentar la duda sobre la transparencia del proceso.

· Incumplimiento del calendario electoral por parte de un número elevado de Juntas Electorales Municipales al realizar la juramentación de los miembros de Juntas Receptoras de Votos fuera del plazo asignado para ese fin. Eso también es responsabilidad del Tribunal, quien debería haber supervisado esa tarea ya que, debido a la distribución piramidal en que están estructurados los organismos electorales, es obligación de esa entidad responder de los actos de las distintas juntas.

· Retraso en la entrega del paquete electoral a las Juntas Electorales Departamentales, que comenzó a realizarse el día 16 de marzo aunque el periodo marcado por el Calendario Electoral finalizaba el día 17 de ese mismo mes.

2. Anomalías en la celebración de licitaciones.

· Los retrasos administrativos también inciden en el desarrollo normal del proceso al adjudicar las licitaciones fuera de tiempo, como es el caso de la impresión de las papeletas o la compra del ‘kit electoral’. Con estos retrasos, las licitaciones quedan desiertas y tienen que ser adjudicadas de manera directa y fuera de plazo, con lo que se podrían cometer irregularidades en las decisiones sobre la elección de las empresas a quienes se otorgan los contratos.

· La doble licitación ―una de alquiler y otra de compra― en la adquisición de equipos para el escrutinio generó dudas por las decisiones contradictorias emanadas desde el TSE. Según el artículo 80, numeral 10, del Código Electoral[9] el TSE debería celebrar contratos de suministros o servicios para un mejor funcionamiento. Lo que hizo fue abrir una licitación para la compra de un programa que utilizaría en el conteo preliminar, aunque la OEA ya les había dejado uno el año anterior; y luego, en vez de continuar con la licitación de alquiler de 160 computadoras decide comprar 112 y usar el programa de la OEA.

· Apertura de una licitación de compra en febrero antes de quedar desierta y cerrar la abierta en diciembre para alquiler, incumpliendo así la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (LACAP), en los artículos 72 y 77, al no esperar que terminara el plazo de presentación de recursos de la primera licitación para iniciar la segunda[10]. El TSE generó desconcierto, además, al aplicar el artículo 63 de la misma ley (LACAP) para no admitir la propuesta de Data & Graphics entre las tres que se presentaron a la licitación de alquiler, cuando ese artículo se aplica en las licitaciones de compra y en caso que sólo se presente una empresa a las mismas. Finalmente, es confuso el hecho de que el TSE haya cerrado los dos procesos abiertos y abrir un tercero de “urgente necesidad”, así calificado, lo cual no es reconocido jurídicamente como licitación. Sin embargo, este procedimiento inusual permitió la compra de 112 computadoras a Corporación Digital[11].

3. Anomalías en el funcionamiento de las dependencias que conforman el Tribunal Supremo Electoral.

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN

· Incumplimiento del anuncio del Tribunal de implementar la entrega de cartas para que los ciudadanos revisaran sus datos en el nuevo Padrón Electoral al encontrarse en un basurero 1500 de esas cartas que la empresa Gigante Express no repartió[12].

· Saturación, los días previos a la elección, de la oficina de acreditación del Tribunal Supremo Electoral, debido al número elevado de personas que todavía no había recibido su credencial, ya fuera como observador, prensa autorizada o cualquier otra. El motivo era el retraso con que el Tribunal puso en funcionamiento dicha oficina, además de la escasez de recursos y personal con que la dotó

AUDITORÍA GENERAL

· A pesar de las cinco semanas que el TSE mantuvo distintas alternativas para que los ciudadanos corroboraran sus datos en el Padrón Electoral, parece que no fueron todo lo efectivas que se esperaban pues hubo errores tipográficos en las cartas enviadas por el TSE (por ejemplo los apellidos de casada), además que muchas de ellas se perdieron por el camino o no llegaron con suficiente antelación como para que se pudieran comprobar los datos; la página web del TSE era muy lenta y no se cargaba si no se poseía Internet Explorer 6.0; los infocentros no fueron muy visitados porque no se hizo propaganda suficiente; las unidades móviles eran en ocasiones enviadas a las ciudades periféricas en horarios en que las calles se hallaban vacías; hubo denuncias de DUI duplicados y robados; y, por último, varias personas se quejaron de no ser atendidas en los teléfonos habilitados por el TSE para estos menesteres.

UNIDAD DEL PROYECTO ELECTORAL

· Distintas Juntas Electorales Departamentales (JEDs) se mostraron insatisfechas con el apoyo logístico que recibieron del Tribunal Supremo Electoral. Esto fue expresado a la Misión de Observadores en entrevistas con las JEDs de los 11 departamentos en donde observamos. Algunas JEDs demandaban, entre otras cosas, el aporte de materiales para el desarrollo de sus funciones, incluso sillas para las JRVs y facilidades en las comunicaciones y el transporte. Algunas Juntas Electorales Municipales (JEMs) desarrollaron sus reuniones en cafetines, y en san Francisco Chinameca, la JEM operó en una champa de lámina.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS

· Las fallas del sistema de conteo de votos que permitió el ingreso en el mismo de personas ajenas, en el simulacro del 7 de marzo de 2004, según el Fiscal General de la República, no se debieron tanto a la filtración de la clave principal como a una negligencia administrativa del Gerente de Tecnología de Información, incumpliéndose el artículo 91, numeral 1, del Código Electoral[13]. Un descuido en la seguridad facilitó el acceso, desde cualquier terminal del centro de conteo de votos, a la copia de seguridad de la base de datos que contenía todas las claves para entrar en el sistema, lo que permitió alterar las actas. Esta situación implicó la organización de un tercer simulacro, tras el cual se dispondrían de tan sólo tres días antes de las elecciones para corregir los errores que pudieran persistir. En estas circunstancias, junto al alarmismo que generaban las publicaciones y emisiones de los medios de comunicación, se transmitía a la ciudadanía mayor incertidumbre sobre la transparencia del proceso electoral y la certeza de sus resultados

4. Silencios e indecisiones en el arbitraje del proceso electoral y sus actores por parte de la máxima autoridad electoral.

· Silencio por parte del TSE sobre la decisión del Ministerio de Hacienda, que contraviene el artículo 187 del Código Electoral[14], de entregar a los partidos políticos solamente el 50% de la deuda electoral y no el 75% como indica el mismo Código Electoral.

· Pese a las declaraciones del presidente del TSE en las que invitaba a los partidos políticos a acabar con la violencia electoral y, pese al plan de seguridad coordinado con la FGR y la PNC con el mismo fin, nunca se logró tal cosa debido, en parte, a que el TSE no ejerció completamente su autoridad para obligar a los partidos políticos a cumplir el Reglamento de Propaganda Electoral.

· Sólo los partidos políticos pueden hacer propaganda y pedir el voto. Por ello debería haberse sancionado a la “Fundación Libertad”, a “Mujeres por la Libertad” y a la “Tendencia Revolucionaria” como destacados exponentes de realizar una campaña negativa, —sobre todo los dos primeros— denigrando la imagen del candidato del FMLN y su instituto político, y al partido ARENA, repectivamente, e induciendo a que no se votara por uno u otro. Igualmente, se tendría que haber sancionado la conducta de algunos medios de comunicación que, amparándose en una falsa libertad de expresión y objetividad, realizaron también un tipo de propaganda sucia a favor de un partido. El Tribunal debería haber hecho respetar la democracia recordándoles a los medios de comunicación y partidos políticos que cumplieran con el Código Electoral en sus artículos 227, 228 y 79, numeral 10[15], demostrando así que está pendiente del cumplimiento de la Ley Electoral[16].

· Algunos de los casos que no han sido resueltos por el Tribunal —llegaron a superar las 50 denuncias— y quedan pendientes son, en general, la destrucción de propaganda y violentar el derecho de los partidos a realizarla, el uso de bienes del Estado para la campaña y la violencia electoral… En particular:

o el FMLN contra ARENA y viceversa por actos de violencia en San José las Flores

-Chalatenango-;

o ARENA contra la alcaldesa de Apopa por actos arbitrarios;

o el FMLN contra ARENA por encuestas de opinión en las que se solicitaba el número de

DUI;

o el FMLN acusa a Rafael Menjívar y también al Instituto Salvadoreño del Seguro Social

de pautar "spots" que lesionan la imagen del candidato Schafik Handal y su partido;

o ARENA acusa al FMLN por publicar "spots" vinculando a Antonio Saca con hechos

ocurridos en el gobierno;

o ARENA denuncia al Alcalde de San Salvador y su Concejo Municipal por retirar

inoportunamente la propaganda electoral;

o el PCN denuncia que un grupo de seguidores del partido ARENA destruyó la

propaganda de su partido que portaba un bus de la ruta 42-A;

o y otros

La razón de que las resoluciones no se lleven a cabo es la falta de consenso entre los magistrados.

· El artículo 237 del Código Electoral[17] prohíbe a los funcionarios públicos dedicarse al proselitismo. Pero hubo diplomáticos salvadoreños (René León, Embajador de El Salvador en EE.UU., y Margarita Escobar, Embajadora de El Salvador en la OEA) que mostraron un claro apoyo durante la campaña de ARENA en Estados Unidos ante los dirigentes de ese país en Washington y la OEA[18]. De nuevo, el Tribunal Supremo Electoral pasó por alto esta infracción.

· El Tribunal nunca ordenó que se retirara toda aquella propaganda que contraviniera el artículo 232 del Código Electoral[19], es decir, la pinta y pega en edificios y monumentos públicos, árboles, señales de tránsito, etc. Fueron autoridades locales, como en el caso de la Alcaldía de San Salvador, quienes tomaron medidas para impulsar el cumplimiento de dicho artículo[20].

· Silencio del TSE ante las declaraciones de funcionarios extranjeros, que constituyen una clara intromisión en los asuntos internos del país[21]

5. Partidización del Tribunal Supremo Electoral

· La partidización del TSE no garantiza la transparencia de su funcionamiento. Al contrario, genera muchas dudas sobre su independencia a la hora de evaluar los casos y garantizar efectividad en sus funciones y decisiones, como frenar la violencia electoral o sancionar las infracciones contra el Código Electoral.

· El TSE sigue el mismo patrón de partidización al seleccionar al personal que laboraría en el Proyecto Electoral cuando tres de los cinco magistrados se ocuparon de elegirlo (ARENA: 60 plazas, FMLN: 61 plazas, CDU: 33 plazas)

· Numerosos problemas internos e intercambio de acusaciones entre los magistrados debido al modo en que se estudian y elaboran resoluciones sobre las denuncias pendientes y uso de posturas partidistas en la toma de decisiones creando un clima de inestabilidad en la opinión pública sobre el papel de la institución[22]. De nuevo, el Magistrado Presidente incumple con el artículo mencionado en el punto anterior. Más aún, cuando forma parte de ese intercambio de acusaciones debido a unas declaraciones que pudieran calificarse de inoportunas —teniendo en cuenta el marco de crisis en que se hallaba el Tribunal— en las que instaba a la ciudadanía a resolver las elecciones y definir al futuro Presidente de la República en primera vuelta, coincidiendo con otras manifestaciones parecidas vertidas por un partido político[23].

· Era de esperarse que la actuación de los dos Magistrados nombrados a propuesta de la Honorable Corte Suprema de Justicia sirviera como un sistema de contrapesos a las posiciones eminentemente partidarias del resto de Magistrados del máximo organismo electoral. Sin embargo, en la práctica, sus decisiones no han servido para viabilizar el proceso; más bien sirven para entramparlo, ya que se ha observado una postura sistemáticamente a favor de un partido.

6. FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL TSE

No cabe duda que la parte más negativa del reciente proceso electoral fue el desempeño del TSE, como máxima autoridad en materia electoral. Su descrédito es muy grande al no haber garantizado la justicia electoral en las recientes elecciones, al no ejercer autoridad y al permitir el irrespeto a la Constitución de la República y al Código Electoral.

Fueron numerosas las denuncias interpuestas ante el Organismo Colegiado y es así como, en su momento, éste conoce de un proyecto de resolución en el cual se suspendía toda propaganda ilegal y cuando se da la votación los Magistrados Mena Méndez y Bolaños se abstuvieron de votar, evidenciándose así, una inclinación política partidaria que vino a redundar en el nulo desempeño del TSE, en toda la campaña.[24]

En más de cincuenta denuncias que los partidos políticos presentaron y en las cuales ARENA y el FMLN se acusaban mutuamente, el TSE cayó en una evidente ilegalidad al no resolver. Y cuando algunas veces lo hizo, fue de manera extemporánea; no hubo autoridad, no hubo árbitro.

Desde el comienzo del proceso electoral hubo vicios y violaciones, donde el Código Electoral sirvió únicamente para las situaciones de carácter administrativo y logístico.

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IV. PROPAGANDA Y VIOLENCIA ELECTORAL

Las elecciones presidenciales de 2004 se destacaron por una impresionante movilización ciudadana, y la misión del CIS no observó fraude propiamente dicho el día de los comicios. Sin embargo, se observaron numerosas violaciones al Código Electoral antes de las elecciones, durante la campaña electoral y el propio día de la elección. Decidimos tratar juntos los dos temas de violencia y propaganda electoral ya que a menudo están íntimamente vinculados porque la mayoría de los actos violentos son provocadas por hechos de propaganda electoral como la pinta y pega o la celebración de mítines. Además, la propaganda electoral, que transgrede con frecuencia las normas impuestas por el Código Electoral, conlleva violencia verbal y puede desembocar en violencia física.

Este breve análisis se basa en el estudio de la propaganda y la violencia a partir del mes de enero de 2004 en los medios de comunicación, y más específicamente en la prensa escrita. El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica y el CoLatino son nuestras principales fuentes de información. La mayoría de medios de comunicación tienen un papel sesgado, pues han sido el vehículo de la propaganda sucia e ilegal, de una campaña electoral basada en las amenazas y el miedo. También cedieron espacio a intelectuales o columnistas que intentaron razonar el proceso electoral o que dieron a conocer de manera muy pedagógica el proceso de la votación; aunque también publicaron comunicados que aumentaban el clima de temor.

En el clima de tensión y agresividad que caracterizó la campaña electoral surgieron iniciativas para apaciguar los enfrentamientos verbales o físicos entre los militantes de los partidos políticos o coalición en contienda. Sin embargo, fueron claramente insuficientes, y la campaña electoral estuvo marcada diariamente por la violencia y el miedo. La propaganda electoral incumplía con frecuencia las leyes y no era respetuosa del honor de las personas, fomentó la violencia y el miedo y debilitó el sistema electoral.

Iniciativas a favor de una campaña electoral respetuosa de las leyes y del fortalecimiento de la democracia

A raíz del clima de irrespeto y violencia que caracterizó la campaña electoral, algunas instituciones o sectores de la población se movilizaron en contra de las violaciones del juego democrático e hicieron llamamientos a la paz y el respeto. Estas reacciones contra la violencia o la propaganda sucia tenían el propósito de apaciguar el contexto electoral y, aunque fueron insuficientes, demuestran el compromiso de sectores del pueblo salvadoreño con la democracia. Entre éstas podemos destacar:

· El 11 de febrero en Sesión Plenaria, la Asamblea Legislativa hizo una recomendación a los Ministerios de Salud, Obras Públicas y Gobernación para que “...dejen de presionar a los empleados y trabajadores de sus dependencias para que se afilien en el partido en el gobierno a cambio de obtener o mantener sus empleos.”[25]

· La propuesta del Magistrado del TSE Julio Hernández, respaldada por los Magistrados Juan José Martell y Pablo Antonio Cerna para que:

…todos los medios de comunicación se abstengan de publicar todo tipo de publicidad que constituya propaganda electoral, que no sea respaldada por los partidos políticos o coalición política en contienda, durante el presente proceso electoral.[26]

· Los informes de la PDDH sobre el respeto de los derechos políticos durante la campaña electoral. En su segundo informe, la PDDH denunció implícitamente las violaciones a las reglas del juego democrático:

Confiábamos en que los partidos políticos no fueran protagonistas de vergonzosos y graves hechos de violencia y de irrespeto absoluto al adversario y se ciñesen estrictamente a la Constitución, al Código Electoral y a las otras normas jurídicas aplicable durante la campaña electoral. También teníamos la expectativa de que las instituciones encargadas del desarrollo y control del proceso, como el Tribunal Suprema Electoral y la Fiscalía General de la República, fuesen más eficaces y eficientes que en el pasado ante las múltiples anomalías denunciadas en estos meses generando con ello mayor credibilidad ciudadana hacia el sistema electoral.

· El 2 de marzo, La Prensa Gráfica publicó un comunicado conjunto de la Rectora de la Universidad de El Salvador, del Rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y del Rector de la Universidad Tecnológica para apaciguar la campaña electoral:

Con gran preocupación hemos comprobado que la propaganda electoral ha tomado un giro inesperado hacia el insulto y la agresión psicológica, con lo que, en la medida que crece, aumenta el riesgo de que la confrontación verbal existente pueda ser el preludio de una confrontación mayor no deseada por el pueblo salvadoreño… Deseamos recordar que todo mensaje violento y denigrante es una amenaza que infunde miedo y hace revivir los temores del pasado… Esta campaña, tan plagada de insultos y agresividades, no añade nada a ese valor agregado de la democracia que es la confianza de las personas en sus instituciones, sus dirigentes y su futuro, ni da garantías que podamos caminar unidos para enfrentar los todavía graves problemas de pobreza, debilidad institucional y bajo desarrollo social… Señores candidatos y dirigentes de los diferentes institutos políticos del país, les exhortamos a:

▪ Asumir una postura más racional y más constructiva, que sea capaz de alentar el voto ciudadano.

▪ Fortalecer la convivencia democrática necesaria para lograr un ambiente de sano y respetuoso entendimiento, que nos permita ejercer nuestros derechos y encontrar los caminos que lleven al esfuerzo solidario, a favor de la paz y el trabajo.[27]

· El 19 de marzo, gracias a la iniciativa de las Universidades Tecnológica, de El Salvador y Centroamericana, los cuatro candidatos a las elecciones presidenciales se reunieron para firmar un pacto de no agresión.

· Varias organizaciones salvadoreñas que vigilan el respeto de los Derechos Humanos se movilizaron contra el giro violento de la campaña electoral. Por ejemplo, el Consorcio de Derechos Humanos y otras organizaciones tales como CESTA, APROCSAL, FUNDASAL, FESPAD, denunciaron:

Campaña electoral anticipada, violencia entre partidos, fomento del miedo y el terror (en "spots" televisivos), parcialización de algunos medios de comunicación, despilfarro económico por parte del partido oficial y falta de responsabilidad del TSE, son sólo algunos de los aspectos que preocupan en el fortalecimiento de una cultura de paz, que vienen cobrando más fuerza a medida que se acerca el 21 de marzo.”[28]

· También el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” impulsó a la gente a votar y a librarse del miedo:

Lamentamos que la presente campaña electoral haya sido empanada con actos de violencia por parte de los partidos políticos y fomentada por los medios grandes de comunicación, afectando a un sector de la población carente de educación y de información objetiva por parte de estos medios… Llamamos a la población en capacidad de votar a manifestar masivamente a través del voto, su rechazo a la campaña que busca sembrar el miedo y ejerza su derecho a elegir libremente a sus gobernantes.[29]

· El 20 de marzo un Comunicado de la Universidad Tecnológica titulado “Señor Presidente” fue más allá de una simple denuncia de la campaña electoral sucia y apeló a reformar el sistema electoral para garantizar y fortalecer la democracia:

Es urgente revisar y proponer un nuevo sistema electoral, que devuelva la confianza y la credibilidad en las instituciones garantes del ejercicio democrático, los partidos políticos y los ciudadanos… Finalmente, es imperativo que el Estado garantice el Estado de Derecho, que da sentido y vida a la sociedad democrática. La libertad, el respeto a las normas jurídicas, la democracia, la alternabilidad legitima en el ejercicio del poder y la paz social, se nutren en el Derecho como guía y la practica y la convivencia entre los integrantes del cuerpo político.[30]

Lastimosamente todos esos llamamientos fueron necesarios porque hubo muchas violaciones de las leyes electorales y numerosos hechos de violencia. Sin embargo, aunque no tuvieron el impacto esperado, por lo menos demuestran la sensibilidad de unos sectores de la población salvadoreña al respeto por las reglas del juego democrático.

La Violencia

Cabe notar que los hechos de violencia conciernen, en la gran mayoría de los casos, a los dos partidos mayoritarios, ARENA y FMLN.

La violencia estuvo presente a lo largo de la campaña electoral. Las violaciones a las leyes que la rigen constituyeron un primer paso hacia la violencia, ya sea física o verbal, como los insultos y las amenazas, que a menudo se confunden con la propaganda sucia.

Violencia electoral generalizada

A lo largo de la campaña electoral sucedieron numerosos enfrentamientos entre militantes de los dos partidos mayoritarios, destrucción de pinta y pega o agresión a los locales de los partidos, militantes heridos o muertos, etc. Los partidos políticos presentaron más de cincuenta denuncias al TSE sobre casos de violencia electoral y otros incumplimientos de las leyes electorales.

La media para los meses de febrero y marzo es de 1 suceso violento en relación con la campaña electoral cada tres días. En la siguiente tabla se detalla los tipos de actos violentos cometidos. Esta tabla no es exhaustiva, se basa principalmente en los hechos de violencia reportados por La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy.

Fecha	Hechos de violencia
O1/O2	Daños en el local de ARENA en Mejicanos **
O1/O2	Arenero herido de un balazo en Mejicanos supuestamente por un efemelenista
10/02	Activista de ARENA muerto en Cojutepeque *
12/02	Empleados de ruta de buses heridos por militantes de ARENA
13/02	Daños en el local de ARENA en San Marcos **

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